"A nivel padre de familia, créeme que ha sido difícil". José de la Rosa, vecino y presidente de Residencial La Cima, vive preocupado: grietas, desprendimientos y sensación constante de inseguridad. Desde que comenzaron en 2020 las obras en los bajos del edificio, su vida y la de 26 familias se ha convertido en un "calvario", explica este vecino de Las Palmas de Gran Canaria.
Un informe municipal propone el cierre inmediato de la clínica de cirugía estética y general que está ubicada en el sótano del inmueble. El caso, además, ha quedado esta semana visto para sentencia, pero De La Rosa y sus vecinos siguen inmersos en la misma incertidumbre.
Historia de un despropósito
Eso sí: están dispuestos a pelear hasta el final, es decir, hasta que el responsable de las obras restituya los daños estructurales, les indemnice y se clausure la actividad de la clínica o, al menos, se ajuste a la seguridad del edificio.
Los trabajos comenzaron en 2020, sin autorización vecinal, y pronto llegaron las grietas, los desprendimientos y esa sensación de inseguridad que persiste.
Un cirujano plástico decidió transformar el antiguo gimnasio del sótano en un centro médico de cirugía general y especialidades.
Le llovieron denuncias de la comunidad de vecinos, pero la clínica abrió en enero de 2025. Hace escasos dos meses, en diciembre, un informe del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria propuso el cierre inmediato del centro por graves deficiencias de seguridad: riesgos de incendio, problemas de ventilación y almacenamiento de gases medicinales.
Juicio
Son los mismos peligros de los que alertó el perito de los vecinos a la jueza: "aquello es como una olla a presión", expuso Antonio Betancor en el juicio.
La comunidad reclama la restitución de los elementos comunes modificados sin permiso, la reparación de los daños estructurales, que ascienden a 110.000 euros más 30.000 en los informes técnicos, y la reposición de los sistemas de seguridad alterados.
La espera por la resolución del caso está marcada por la angustia del día a día. Lo que debería ser un hogar se ha convertido en una "cárcel", revela De La Rosa. Los afectados viven rodeados de redes por los desprendimientos, y sin la protección de un sistema contra incendios en condiciones.
Miedo
Uno de los momentos más delicados fue cuando la clínica decidió instalar maquinaria pesada en la azotea: dos toneladas de peso extra sobre el cuatro de telecomunicaciones, justo encima de la habitación en la que duermen los tres hijos de De La Rosa.
La familia se vio obligada a abandonar su casa durante más de seis meses, hasta que aparecieron grietas en el cuarto de telecomunicaciones y los responsables se vieron obligados a retirar las dos máquinas de aire acondicionado.
Gases
El "calvario" tiene componentes aún más peligrosos, como emanaciones de CO2 provenientes de un grupo electrógeno instalado en la clínica. "Entrar en el garaje es un miedo constante", añade este vecino.
A día de hoy, las piezas de la fachada se siguen cayendo, lo que genera una atmósfera de "congoja" cada vez que los residentes regresan a su hogar.
Atrapados económicamente
La tragedia se agrava con la imposibilidad de empezar de nuevo. De La Rosa siente impotencia porque está obligado a pagar la hipoteca de una vivienda que es imposible vender debido a los problemas generados por el centro médico.
"No puedes vender e irte por la problemática que existe; estamos atados de pies y manos a un perjuicio que arrastramos desde hace cuatro años", lamenta.
Tras el informe municipal, los residentes temen que las medidas contraincendios no funcionen ante una emergencia. Mientras llega la sentencia, este padre de familia y sus vecinos viven entre redes e incertidumbre, esperando una solución que les devuelva, al menos, la tranquilidad de dormir seguros en sus propias casas.