La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias avanza en su plan de expansión habitacional en la capital grancanaria. A través de la empresa pública Visocan, el Ejecutivo autonómico ha sacado a licitación las obras para la construcción de 168 viviendas protegidas en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. El proyecto sale al mercado con un presupuesto base de licitación que asciende a 29,2 millones de euros.
El contrato estipula que las empresas interesadas en ejecutar esta infraestructura tienen de plazo hasta el próximo 20 de febrero para presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Esta actuación se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno para aliviar la tensión del mercado inmobiliario en las zonas de mayor demanda del archipiélago.
El proyecto en Casablanca III
La nueva promoción se levantará sobre un solar de 11.244 metros cuadrados ubicado en la zona de Casablanca III, un área colindante con el barrio de La Paterna. El pliego de condiciones detalla que la obra no se limita a la edificación residencial, sino que incluye también la construcción de garajes, locales comerciales y trasteros, así como la urbanización del entorno inmediato. Una vez adjudicado el contrato, la constructora seleccionada dispondrá de un plazo de ejecución de 30 meses para finalizar los trabajos y entregar las llaves.
El consejero del área, Pablo Rodríguez, ha definido esta licitación como un paso firme en la política de vivienda del Gobierno de Canarias. Según el titular de Obras Públicas, se trata de una actuación estratégica tanto por su volumen como por su localización, diseñada para ofrecer soluciones habitacionales a cientos de familias en una de las zonas de expansión de la ciudad.
Más de 500 viviendas en la isla
Con esta nueva licitación en la capital, Visocan supera la barrera de las 500 viviendas proyectadas en Gran Canaria. Este dato consolida un esfuerzo inversor que busca revertir el déficit habitacional acumulado en los últimos años. En este sentido, la empresa pública cerró el ejercicio de 2025 con un balance de 108 unidades habitacionales concluidas en diferentes municipios grancanarios, demostrando capacidad de ejecución más allá de la planificación.
Rodríguez ha subrayado que el objetivo final de estas inversiones es garantizar que la ciudadanía pueda acceder a una vivienda como derecho fundamental, facilitando el desarrollo de proyectos de vida con estabilidad y seguridad.