El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha elevado hasta casi 196.000 euros el coste de un litigio laboral con la agente de movilidad N. R. O., después de autorizar el pago de 16.900,95 euros en concepto de costas judiciales, que se suman a la indemnización de 179.139,83 euros impuesta por sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5.
El nuevo desembolso ha sido aprobado mediante un decreto de la Dirección General de Recursos Humanos, fechado el 16 de enero de 2026, en ejecución de la resolución judicial dictada el 17 de septiembre de 2025, que el Ayuntamiento decidió no recurrir tras considerar jurídicamente inviable la apelación.
Exclusión indebida
Atlántico Hoy ya informó el pasado 26 de septiembre de la sentencia que condenaba al Consistorio a indemnizar a N. R. O. por los salarios dejados de percibir tras su exclusión indebida de la lista de reserva y de los correspondientes llamamientos como agente de movilidad.
El fallo judicial reconocía que la trabajadora tenía derecho a figurar en dicha lista y a ser convocada para prestar servicio, algo que no ocurrió, generándole un perjuicio económico que la justicia cifró en 179.139,83 euros, cantidad que además debe actualizarse con el interés legal del dinero desde el 4 de septiembre de 2024, incrementando el coste final para las arcas municipales.
Costas judiciales firmes
A esa indemnización se añade ahora el pago de las costas del procedimiento, cuya tasación fue aprobada por el Juzgado mediante decreto de 11 de diciembre de 2025 y declarada firme tras el informe emitido por la Asesoría Jurídica municipal el 7 de enero de 2026, fijándose el importe definitivo en 16.900,95 euros.
El decreto municipal autoriza y dispone el gasto, reconoce la obligación y ordena el pago a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5, que figura como endosatario del importe.
Sin recurso
Según consta en el expediente administrativo, la Alcaldía, con Carolina Darias al frente, optó por no interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias después de que la Dirección General de Asesoría Jurídica advirtiera de la inviabilidad del recurso, al existir un reconocimiento expreso de la deuda en el propio expediente.
Esta decisión evitó prolongar el litigio, pero consolidó una condena que obliga al Ayuntamiento a asumir indemnización, intereses legales y costas judiciales, todo ello con cargo a fondos públicos.
Cargo al presupuesto municipal
El pago de los 16.900,95 euros se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 01136-92000-22604 del presupuesto municipal prorrogado de 2025, tras haberse emitido la correspondiente retención de crédito y la fiscalización favorable del expediente.
La resolución recuerda que se trata de un acto dictado en ejecución de sentencia firme, por lo que no cabe recurso en vía administrativa, sin perjuicio de que pueda promoverse un incidente de ejecución ante el órgano judicial.
El conflicto, desde 2015
El litigio tiene su origen en 2015, cuando varios agentes —entre ellos N. R. O.— iniciaron acciones judiciales al considerar que habían sido excluidos indebidamente del proceso selectivo. Aunque una sentencia de 2016 ordenó la retroacción de actuaciones, la afectada sostiene que nunca fue reincorporada ni llamada a trabajar, lo que dio lugar a una cadena de procedimientos judiciales que se ha prolongado durante casi una década.
El pago de estas costas vuelve a situar en el foco la gestión de los recursos humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el impacto económico que los incumplimientos de resoluciones judiciales tienen sobre el erario público, traducidos en indemnizaciones, intereses y gastos judiciales que acaban asumiendo los ciudadanos.