El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado el precinto inmediato de una vivienda que operaba como alojamiento vacacional sin autorización en la calle Covadonga, número 68 bajo, en el barrio de Guanarteme. La medida llega tras constatarse que la actividad se mantenía pese a una orden expresa de cese, en un contexto de creciente presión vecinal por la proliferación de pisos turísticos y la reducción drástica del alquiler residencial.
La actuación municipal, tramitada por la Dirección General de Edificación y Actividades, será ejecutada por la Policía Local y se apoya en la carencia total de título habilitante, un requisito imprescindible para el ejercicio legal de la actividad de vivienda vacacional.
¿Residencial o vacacional?
El caso no es aislado y se produce en uno de los barrios más tensionados de la ciudad. Guanarteme se ha convertido en uno de los principales focos del alquiler turístico en Las Palmas de Gran Canaria, con un desequilibrio cada vez más acusado entre vivienda residencial y uso vacacional. Lo que durante décadas fue un barrio de tradición marinera y ambiente familiar vive hoy una transformación acelerada que impacta directamente en el acceso a la vivienda.
Los datos son contundentes. Hace poco más de un mes, la oferta de alquiler de larga duración en el barrio apenas supera el medio centenar de viviendas (54), mientras que las viviendas vacacionales superaban las 600. En la práctica, encontrar un piso para vivir de forma estable en Guanarteme se ha convertido en una carrera de obstáculos, con precios al alza y una oferta cada vez más reducida.
Según los registros disponibles, más de un tercio de los anuncios de alquiler existentes en la zona no están destinados a residencia habitual, sino a estancias temporales, mientras que el mercado turístico multiplica por diez la oferta residencial. En el conjunto del barrio, se contabilizan más de 600 viviendas vacacionales, una cifra que algunos estudios elevan aún más, y que sitúa a Guanarteme en el epicentro del debate urbano y social de la capital.
Desobediencia
En este escenario, el mantenimiento de una vivienda turística sin licencia adquiere una dimensión especialmente sensible. El expediente municipal recoge que Turismo de Gran Canaria ya había decretado en julio de 2025 la imposibilidad de continuar con la actividad, a petición del propio Ayuntamiento. Posteriormente, en octubre, se concedió un plazo de dos días para el cese voluntario, con advertencia expresa de clausura forzosa.
Lejos de acatar la orden, la vivienda continuó operando como alojamiento turístico, tal y como acreditó un informe de la Policía Local del 15 de noviembre de 2025. Durante la inspección, los agentes constataron la existencia de un cajetín de llaves con código y recogieron el testimonio de la persona encargada de la limpieza, que confirmó la entrada inminente de nuevos clientes, evidenciando la desobediencia a la resolución municipal.
Sin recurso
La Dirección General de Edificación y Actividades califica los hechos como actividad clandestina, una circunstancia que, según reiterada jurisprudencia, obliga al cese inmediato y al cierre del inmueble para evitar la consolidación de una situación ilegal que afecta al orden urbanístico, la convivencia vecinal y el derecho a la vivienda.
La resolución ordena el precinto del inmueble y advierte expresamente de la posible remisión del expediente al Ministerio Fiscal si se vulnera la clausura o se intenta reanudar la actividad. El documento, firmado por la directora general, subraya además el carácter ejecutivo e inmediato de la medida, contra la que no cabe recurso.
Movilización vecinal
El precinto llega mientras el barrio de Guanarteme mantiene una movilización constante contra lo que sus vecinos consideran una deriva insostenible. Manifestaciones, asambleas y campañas bajo lemas como Un barrio, no un negocio reflejan un malestar creciente ante la gentrificación, la desaparición del comercio tradicional y la sensación de que cada vivienda que pasa al uso turístico es una puerta que se cierra para quienes quieren seguir viviendo en su barrio.
En ese contexto, la clausura de esta vivienda ilegal no es solo una actuación administrativa, sino también un símbolo del pulso abierto entre modelo turístico y derecho a la ciudad, con Guanarteme como uno de los escenarios más tensionados de Las Palmas de Gran Canaria.