La Policía Portuaria de Las Palmas negocia con la Dirección General de Tráfico (DGT) un convenio para poder tramitar de manera directa las denuncias realizadas a conductores y vehículos en los recintos portuarios de la provincia.
En la actualidad no hay ordenanzas desarrolladas por la Autoridad Portuaria para que los agentes puedan ejercer esa potestad sancionadora en los puertos isleños, la cual viene reconocida en la Ley de Puertos del Estado.
Conflicto
Por eso se han firmado convenios con los principales ayuntamientos implicados, entre ellos Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario (Fuerteventura) y Arrecife (Lanzarote). En este último municipio, que tiene el convenio caducado, se han producido incidentes graves con la Policía Local.
Los municipales han denunciado a los policías portuarios por asumir funciones que no les corresponden, y estos, a su vez, han pedido el ampro de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) por lo que consideran una campaña de acoso institucional por parte de Arrecife.
Ese conflicto ha intensificado las negociaciones con Tráfico, explican desde el Sindicato de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), que es mayoritario en la APLP. El colectivo también advierte con movilizaciones si sale adelante un reglamento de explotación de de Puertos del Estado que les resta funciones y medios.
Mismo trato
Este convenio, si sale adelante, servirá para actuar de la misma manera en todos los puertos estatales de la provincia, siempre a través de una encomienda de gestión: la Policía Portuaria se encargaría de tramitar las denuncias y Tráfico realizaría la recaudación de la sanciones.
El cambio es complejo porque la administración portuaria carece de estructura para gestionar las infracciones, por lo que habría que crear ese servicio y habilitar personal.
Competencias y autoridad
El plan b que maneja el sindicato, sino sale el convenio con la DGT, es que la Autoridad Portuaria desarrolle una ordenanza para cumplir con la Ley de Puertos del Estado, lo que también conllevaría cambios en la estructura organizativa de la administración.
En cualquier caso, a lo que no están dispuestos los agentes es a renunciar a sus competencias, pues las vías dentro de los recintos son de titularidad portuaria y ellos los responsables de ejercer la autoridad.