La Guardia Civil ha desmantelado en Las Palmas de Gran Canaria un laboratorio clandestino dedicado a la producción de mezclas químicas potencialmente peligrosas que se destinaban al sector agroalimentario. Un hombre está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la salud pública, según informó el cuerpo policial.

La operación se puso en marcha tras una investigación iniciada por el SEPRONA, que detectó indicios de una actividad ilícita relacionada con la fabricación y distribución de desinfectantes y biocidas sin las debidas garantías. Desde ese momento, los agentes trabajaron en coordinación con el Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias para determinar el alcance de los hechos.

Ámbito agroalimentario

Las pesquisas revelaron que el sospechoso elaboraba los productos sin estar registrado oficialmente ni contar con licencia de actividad, registro industrial o fichas de seguridad. Pese a ello, las mezclas eran introducidas en el mercado, principalmente en el ámbito agroalimentario, sin controles ni autorizaciones sanitarias, “lo que incrementaba el riesgo para los consumidores”, subrayó la Guardia Civil.

Los análisis efectuados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses confirmaron la peligrosidad de las sustancias tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Además, se constató que la fabricación se llevaba a cabo en un local de Las Palmas de Gran Canaria en condiciones muy precarias, sin cumplir ninguna de las medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente.

Precintó el local

En esas instalaciones se manipulaban materias primas altamente peligrosas, como ácido nítrico, ácido clorhídrico, sosa cáustica, ácido sulfúrico, hidróxido potásico, insecticidas y herbicidas, “sin garantías para la salud ni para el entorno”, advirtió el instituto armado.

Como resultado de la intervención, la Guardia Civil precintó el local y formalizó la imputación de un varón por un presunto delito contra la salud pública y colectiva. Las diligencias ya han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que se ha hecho cargo del caso.

El cuerpo policial ha recordado la importancia de adquirir únicamente productos químicos debidamente autorizados y etiquetados, además de instar a la ciudadanía a comunicar cualquier actividad sospechosa que pueda representar un riesgo para la salud pública o el medio ambiente.