¿Los empleados fuera de convenio deben cobrar un plus de residencia por trabajar en la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP)? La Intervención General del Estado lleva desde el año 2000 tratando de limitar ese complemento, pero los juzgados de lo social han dado la razón a una veintena de altos cargos, que se resisten a perder ese derecho establecido en los contratos.
Las sentencias, a favor de los empleados fuera de convenio, son de estas últimas semanas: dos están dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y confirman los fallos de instancia, que niegan el reintegro de las cantidades reclamadas por la APLP, y una tercera resolución es del Tribunal Supremo (TS), que rechaza el recurso presentado para unificar doctrina y condena en costas a la APLP.
Este último auto judicial, que lleva fecha del pasado 25 de marzo, ratifica una sentencia dictada en febrero de 2022 por el Juzgado de lo Social número 1 de Las Palmas.
Derechos congelados
En líneas generales, el juez considera que la APLP ha realizado una "modificación sustancial injustificada de las condiciones de trabajo", con la finalidad de corregir los incrementos en la Indemnización por Residencia.
Ese complemento es del 15 % respecto al sueldo, con cantidades que oscilan entre los 300 y los 900 euros mensuales, según las categorías laborales.
Estas compensaciones están congelados desde 2020 por la APLP, que actúa a raíz de la Intervención General del Estado, con varias intentonas de eliminar estas indemnizaciones, las cuales fueron implementadas en la década de los noventa para compensar el coste de vivir en Canarias, Ceuta y Melilla para los empleados públicos.
De variable a fijo
El objetivo de la Intervención es que ese complemento pase de variable a fijo, como ocurre ahora con los contratos nuevos, que están sobre los 300 euros, explican las fuentes consultadas.
Con esa finalidad se han abierto tres frentes judiciales contra una treintena de jefes y directivos de la APLP: uno en el año 2000, otro en 2015/2016 y el que acaba de llegar al Supremo.
Negociar
La resolución del Alto Tribunal es importante porque agota la vía judicial y obliga a negociar a la administración con los trabajadores. Desde la APLP no aclaran si se van a emprender acciones en ese sentido, limitándose al socorrido "hay que acatar las sentencias".
Otras fuentes consultadas confirman que ya se han cursado algunos desestimientos, con la finalidad de retirar de los juzgados esas reclamaciones de cantidad formuladas contra la veintena de empleados fuera de convenio (al principio del conflicto laboral eran treinta, pero los contratos antiguos se han ido reduciendo con las jubilaciones).
Origen
El origen del conflicto es anterior a la etapa de Luis Ibarra, aunque se cronificó en sus mandatos por la ofensiva de la Intervención General del Estado, que lo denunció sin éxito en dos ocasiones ante el Tribunal de Cuentas, viéndose atrapado entre esos informes y las sentencias a favor de los trabajadores.
Esa ofensiva, que fue promovida por el entonces presidente de Puertos del Estado, José Llorca, acabó con condena en costas, además de truncar el ascenso de Ibarra al organismo estatal.
En Tenerife, sin embargo, las resoluciones fueron favorables a la Autoridad Portuaria, lo que facilitó una negociación con el colectivo y una salida pactada al conflicto.
Falta ahora por ver qué hará la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada.