La entrada en vigor de la nueva tasa de basuras en Las Palmas de Gran Canaria, prevista para este 1 de enero de 2026, dejará al descubierto una importante brecha en la gestión de residuos municipal. Mientras el cobro del recibo se hará universal para todos los hogares con un importe medio de 149,33 euros, una de las herramientas fundamentales para reducir esa factura es casi inexistente en el mapa de la ciudad. A cierre de 2025, el despliegue del contenedor marrón apenas cubre 20 de los 120 barrios que conforman el municipio, lo que representa un ínfimo 16.67% de cobertura territorial real.
Esta cifra evidencia que la inmensa mayoría de los vecinos de la capital grancanaria comenzarán a pagar el nuevo tributo sin tener la capacidad material de separar sus residuos orgánicos. La ordenanza fiscal vincula las bonificaciones económicas al uso de este quinto contenedor mediante una llave electrónica, un sistema que, hoy por hoy, es inaccesible para más del 84% de la ciudad.
Esto convierte la promesa de "quien contamina paga" en una imposición lineal para la gran mayoría de contribuyentes, que abonarán la cuota íntegra al no residir en una de las pocas zonas "afortunadas" con el servicio activo.
Un mandato legal incumplido desde 2023
El retraso en la implantación no es solo una cuestión logística, sino un incumplimiento normativo. La Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, alineada con las directivas europeas, estableció una fecha límite clara e improrrogable: todos los municipios de más de 5.000 habitantes debían tener implantada la recogida separada de biorresiduos antes del 31 de diciembre de 2023.
Las Palmas de Gran Canaria afronta el inicio de 2026 con dos años de demora respecto a este plazo estatal y europeo. Durante este tiempo, la administración local ha funcionado con proyectos piloto y expansiones puntuales que no han logrado vertebrar una red completa. Este desfase temporal coloca al Ayuntamiento en una posición delicada: exige a los ciudadanos el cumplimiento puntual de su obligación fiscal mediante una tasa que cubre el 100% del coste del servicio, mientras la propia administración no ha cumplido con su obligación legal de proveer la infraestructura de reciclaje en el plazo estipulado.
Desigualdad entre barrios
La situación dibuja una Las Palmas de Gran Canaria a dos velocidades. Los residentes de los 19 barrios que sí cuentan con el contenedor marrón —principalmente zonas donde se iniciaron los planes piloto como Los Tarahales o Ciudad Jardín— dispondrán de la ventaja comparativa de poder registrar sus aportaciones de residuos y optar a la bonificación de hasta el 5% sobre la cuota de generación. Por el contrario, en el resto del municipio, la falta de contenedores elimina de raíz cualquier incentivo para la separación en origen.
El PP recurrió el "tasazo" ante el TSJC
Ante esta situación, el Partido Popular formalizó el pasado mes de diciembre su ofensiva legal presentando un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para solicitar la nulidad de la ordenanza fiscal. La portavoz municipal, Jimena Delgado, ha calificado la medida como un "tasazo" y un "recibo a ciegas", argumentando que la normativa carece de la transparencia necesaria.
Según la formación, el Ayuntamiento no ha acreditado con rigor el coste real del servicio, al no existir un estudio serio que desglose los costes directos e indirectos ni explique qué parte corresponde a viviendas o actividades económicas.
Delgado denuncia que la ordenanza se aplica "sin sensibilidad social", provocando situaciones en las que algunos vecinos "pagarán más por la tasa de basura que por el IBI". El recurso judicial se fundamenta también en la ruptura del principio de proporcionalidad, ya que la tasa trata como iguales realidades distintas al no considerar criterios como el valor catastral, la superficie o el número de ocupantes del inmueble.