La guagua turística que recorre diariamente Las Palmas de Gran Canaria opera con normalidad por los principales enclaves de la ciudad, transportando visitantes y comercializando rutas panorámicas. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha aclarado hasta ahora bajo qué cobertura legal se presta actualmente el servicio, pese a las reiteradas consultas realizadas por Atlántico Hoy y a las dudas existentes sobre la vigencia de la concesión que lo regulaba.
La cuestión no es menor. La explotación de un servicio turístico de estas características implica el uso especial del dominio público local, lo que exige la existencia de una autorización administrativa o concesión expresa. En este caso, distintas fuentes apuntan a que la concesión anterior habría expirado sin que el Consistorio haya confirmado si existe una prórroga formal, una autorización provisional o un nuevo procedimiento de adjudicación en marcha.
Silencio administrativo en los tribunales
Las dudas sobre la situación jurídica del servicio coinciden con el procedimiento judicial abierto tras la demanda presentada por Movilidad Turística Canaria SL, empresa vinculada al grupo Alsa, que solicitó autorización municipal para explotar un servicio de guaguas turísticos bajo la modalidad Hop On Hop Off en la capital grancanaria.
Ante la ausencia de resolución expresa por parte del Ayuntamiento, la empresa interpretó el silencio administrativo como una desestimación y acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa. El Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria admitió a trámite el recurso, obligando al Consistorio a personarse como parte demandada.
Resolución municipal
Un decreto de alcaldía formaliza dicha personación y confirma que el litigio se dirige contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud de autorización para el uso especial del dominio público local destinada a prestar el servicio turístico denominado Las Palmas panorámica y sus contrastes.
El acuerdo municipal autoriza además a la asesoría jurídica a asumir la defensa del Ayuntamiento durante todas las fases del procedimiento y ordena la remisión íntegra del expediente administrativo al órgano judicial.
Servicio activo entre dudas
Mientras el proceso judicial sigue su curso, la guagua turística continúa circulando por la ciudad sin que exista una explicación pública sobre el título jurídico que ampara su explotación actual.
Atlántico Hoy ha solicitado aclaraciones a varias áreas municipales para conocer la situación administrativa vigente. La respuesta institucional ha evidenciado una falta de coordinación interna: la concejalía de Movilidad derivó la consulta al área de Turismo; desde Turismo se volvió a remitir a Movilidad; posteriormente se señaló a Presidencia; y finalmente Presidencia volvió a dirigir la pregunta a Turismo, sin que ninguna concejalía haya ofrecido una respuesta concreta.
Este intercambio de derivaciones administrativas contrasta con la relevancia económica y turística del servicio, que opera en espacios públicos estratégicos de la ciudad y forma parte de la oferta dirigida a visitantes.
Mercado turístico en disputa
La demanda presentada por la empresa vinculada a Alsa evidencia además el interés empresarial existente en el segmento del transporte turístico urbano en Canarias. La compañía ha reforzado en los últimos años su presencia en el Archipiélago mediante adquisiciones y expansión en servicios discrecionales y turísticos, lo que sitúa la explotación de rutas urbanas como un nicho estratégico dentro del sector de la movilidad turística.
El litigio abierto introduce así un elemento adicional de incertidumbre: mientras una empresa reclama judicialmente autorización para operar, el servicio continúa prestándose por otro operador sin que el Ayuntamiento haya aclarado públicamente cuál es el marco administrativo vigente.
Incógnita institucional abierta
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no ha precisado si existe una prórroga de la concesión anterior, si se ha otorgado una autorización temporal extraordinaria, o si se encuentra en preparación una nueva licitación del servicio.
La ausencia de una posición oficial mantiene abierta la pregunta que sobrevuela el funcionamiento actual de la guagua turística: si dispone de una cobertura legal plenamente definida o si su situación administrativa continúa pendiente de regularización.