La crisis de la vivienda volverá a ocupar las calles de Las Palmas de Gran Canaria este sábado. El colectivo Derecho al Techo ha difundido una nueva convocatoria de movilización para el 3 de octubre a las 11.00 horas en la Plaza de La Feria, en la que plantea continuar la presión social en defensa del acceso a una vivienda y avanzar hacia una posible huelga general.
El cartel de la convocatoria sitúa el lema "Hacia la huelga general" como uno de los ejes de la protesta y reclama que en Canarias se aplique la legislación estatal en materia de vivienda. La organización sostiene que, sin ese despliegue autonómico, las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno central bajo la denominación de "decreto Maricarmen" tendrán un alcance limitado en las islas.
La vivienda vuelve a las calles
La movilización llega después de la acampada iniciada esta semana en la Plaza de La Feria, impulsada por Derecho al Techo tras una asamblea a la que acudieron al menos un centenar de personas. La protesta comenzó con varias tiendas y ya supera el medio centenar de participantes y ronda las 30 casetas, según los propios organizadores.
El colectivo ha planteado extender las movilizaciones más allá de la situación generada en torno al desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años cuyo caso desencadenó una nueva ola de protestas por la vivienda en distintos puntos de España. En Canarias, Derecho al Techo reclama medidas contra el encarecimiento de los alquileres, la protección frente a los desahucios y la utilización de las herramientas previstas para las zonas de mercado residencial tensionado.
La organización ya había planteado esta semana avanzar hacia una huelga general por la carestía de la vida si no salen adelante las medidas que reclama. En una asamblea celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, su portavoz Jonathan Mesa defendió ampliar la protesta más allá de la vivienda si las decisiones adoptadas no responden a sus reivindicaciones.
Qué reclaman
La referencia del cartel a una "ley de vivienda" debe entenderse como una reivindicación sobre la aplicación en Canarias de la Ley estatal de Vivienda, aprobada en 2023. Derecho al Techo sostiene que el problema no se resuelve únicamente con las decisiones adoptadas por el Ejecutivo central y reclama al Gobierno autonómico que utilice las competencias que tiene atribuidas.
Uno de los principales puntos de conflicto es la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Hasta ahora Canarias no ha declarado ninguna, aunque Las Palmas de Gran Canaria sí ha solicitado formalmente esta declaración. Este jueves, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda confirmó que el expediente de la capital será sometido a información pública durante octubre, paso previo a que el Gobierno autonómico decida si procede declarar la zona tensionada.
La situación adquiere especial relevancia porque parte de las nuevas medidas estatales en materia de vivienda dependen de que existan zonas tensionadas. En el caso del primer decreto aprobado el 29 de septiembre, por ejemplo, el recargo del IBI sobre determinadas viviendas turísticas solo puede aplicarse en municipios que tengan esta consideración. Canarias sigue sin ninguno por el momento.
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