El Consejo de Gobierno da luz verde al decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en Canarias y acuerda solicitar al Consejo Consultivo de Canarias.
Según el Ejecutivo, el decreto supondrá "un paso adelante y un avance notable en la mejora del sistema de ayuda a las personas dependientes y sus familias". De esta manera prevé "la simplificación de los trámites, el acceso a la vía telemática y, en consecuencia, la reducción de los tiempos de espera en el reconocimiento de los derechos y ayudas que les corresponden".
Con esta aprobación, insisten en un comunicado, culminaría "una serie de esfuerzos que está realizando el Gobierno para atender dignamente a las personas y las familias de dependientes".
Norma
De esta manera señalan que la norma "establece que con una sola visita del equipo profesional de la Dirección General de Dependencia se podrá determinar el grado de dependencia de la persona solicitante y su Plan Individual de Atención (PIA)". Recuerdan que hasta ahora "cada uno de estos procedimientos llevaba un trámite e informe distintos" con plazos muy largos.
La nota recoge las palabras de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien aseguró que la medida viene a reducir las listas de espera. "El esfuerzo que hemos hecho hasta ahora de la disminución del tiempo en más de un 30% no era suficiente".
Urgencia
Para Delgado había que actuar de forma urgente "para conseguir reducir de forma notable el tiempo en que se concede el grado de dependencia y la ayuda para atenderla" así como establecer "el procedimiento monofásico" que es una de las medidas "que impulsará la consecución de unos plazos más razonables para que las personas tengan una atención digna y dejen de morir en una lista de espera antes de recibir su ayuda".
La consejera subrayó que otras comunidades como Madrid y Cantabria "han modificado sus decretos con éxito" ya que "están solo un poco por encima de los seis meses exigidos por ley" mientras que País Vasco y Castilla León "reducen incluso el tiempo mínimo establecido" asegurando que ese es el objetivo para Canarias.