Quedan 50 días para que acabe el año y la Consejería de Bienestar social del Gobierno de Canarias todavía no ha adjudicado, a través del Instituto Canario de Igualdad (ICI), los 10,4 millones de euros del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género para desarrollar programas en los ámbitos educativo, jóven y en la justicia.
Hace dos meses, en septiembre, Atlántico Hoy alertó de la cancelación de varios de estos proyectos debido a la demora en la adjudicación. Hoy, gracias a fuentes que prefieren permanecer en el anonimato, este medio ha podido saber que hace apenas un mes el Gobierno canario terminó de justificar el uso de los fondos de esta materia en 2023 y 2024 y acaba de ponerse a revisar los nuevos proyectos, pero si no se adjudican antes del 31 de diciembre habrá que devolver los 10,4 millones.
Aunque, según las mismas fuentes, la consejería dirigida por Candelaria Delgado habría comunicado en una reunión con técnicas preocupadas por la materialización de estos proyectos, el pasado 16 de octubre, que su intención es pedir al Ministerio de Igualdad una prórroga hasta abril de 2026, algo que nunca se ha hecho antes, para no perder los fondos.
La rama más afectada es Juventud
La rama más afectada es la de Juventud, ya que las áreas de Educación y Justicia han podido sacar adelante algunos de sus proyectos gracias a fondos propios. En Educación, hay 20 proyectos en el aire, a la espera de ver si se ejecutan los fondos, aunque muchos ya se han cancelado porque sus promotores no consideran que vayan a tener tiempo suficiente para llevarlos a cabo.
Para colmo, los proyectos han tenido que rehacerse varias veces desde febrero por errores o reformulaciones, suponiendo un desgaste y una incertidumbre para los equipos que trabajan en ellos, según explican a Atlántico Hoy fuentes anónimas.
Oleada de cancelaciones y malestar en el sector
La falta de adjudicación de los fondos ha provocado una oleada de cancelaciones entre los proyectos destinados a la prevención y sensibilización contra la violencia de género. Jornadas, talleres y hasta investigaciones premiadas han quedado en suspenso o directamente anuladas ante la imposibilidad de ejecutarse antes del cierre del ejercicio.
Entre las iniciativas que no se desarrollarán este año figuran el Proyecto Sin Filtros, las Jornadas de Comunicación Igualitaria, el evento Las chicas también juegan, las jornadas Por no hablar, el proyecto ConectaConsexus o Sexplotación, todos ellos integrados en el programa Aliadas de la Dirección General de Juventud.
El argumento oficial: “revisión y control exhaustivo”
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha defendido públicamente que su departamento está llevando a cabo una “revisión y control exhaustivo” de los proyectos presentados, argumentando que “de nada sirve convocar subvenciones que después acaben devolviéndose por no estar bien justificadas”.
Sin embargo, esta explicación ha sido recibida con escepticismo por parte de las entidades afectadas. Lo demuestra que se hayan cambiado varias veces los criterios de presentación, obligando a rehacer las fichas y documentos de los proyectos, lo que consideran una “forma elegante de negar el presupuesto” ante la falta de tiempo para ejecutar las actividades.
Impacto laboral y pérdida de oportunidades
El bloqueo no solo afecta a la ejecución de políticas públicas, sino también al empleo vinculado a los proyectos. Varias asociaciones señalan que, al quedar sin financiación, puestos de trabajo y líneas de investigación se han visto comprometidos. “Estamos en la nada absoluta”, resumían fuentes consultadas.
Una de las afectadas es la investigadora Nira Santana, quien tenía previsto desarrollar un estudio sobre el acoso a las mujeres en el ámbito de los videojuegos, una investigación que lleva impulsando desde 2020. Santana advierte que, sin margen de ejecución, “no se puede hacer un trabajo serio, con rigor y con el tiempo necesario para cambiar las cosas”, y denuncia que el retraso en la gestión de fondos está cerrando las puertas a la investigación y al diagnóstico real de las violencias de género emergentes.
Un problema que viene de lejos
Desde la Consejería de Bienestar Social se insistió en septiembre en que el actual atasco es herencia del anterior Ejecutivo del Pacto de las Flores, que ya dejó sin ejecutar entre 15 y 17 millones de euros. No obstante, el argumento convence poco a los colectivos sociales, que recuerdan que ya han pasado dos años de legislatura sin que se haya corregido la situación.
El Gobierno aseguraba entonces haber puesto en marcha medidas para evitar que los fondos vuelvan a perderse, como nuevas instrucciones claras para gestores de proyectos, trabajo directo con el Ministerio de Igualdad, revisiones individualizadas y la creación de una rúbrica de valoración para garantizar que los proyectos se ajusten realmente a los objetivos del Pacto de Estado. Sobre la intención de pedir una prórroga que se conoce ahora, la consejería todavía no ha contestado a Atlántico Hoy.