Canarias ha aprobado este lunes en Consejo de Gobierno un marco estratégico para la evaluación de políticas públicas en el Archipiélago. Se trata de un documento que pretende servir de hoja de ruta para la institucionalización y despliegue de un sistema de medición de la eficacia de la gestión en las Islas. 

El marco estratégico reconoce la evaluación como un "pilar esencial de la buena gobernanza, la mejora de la calidad de las políticas públicas y la rendición de cuentas a la ciudadanía".

Según ha indicado el Ejecutivo regional, la aprobación responde a una "tendencia imparable en las administraciones públicas" que implica formalizar y sistematizar las dimensiones metodológicas, organizativas y culturales de la evaluación.

Compromiso de transparencia

Para el Gobierno de Canarias, institucionalizar la evaluación responde a un compromiso político de transparencia y eficiencia para con la ciudadanía. “Es la garantía de que la administración pública rinda cuentas y desarrolle un proceso de mejora continua”, subraya el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, David Pérez Dionis.

El Marco Estratégico ha sido elaborado a partir de las aportaciones de un grupo de trabajo en el que han participado distintos departamentos del Gobierno, como el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), la Consejería de Bienestar Social, o la propia Dirección General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, que ha coordinado e impulsado las actuaciones.

También ha contado con representantes del ámbito universitario y de la Fundación COTEC para la Innovación.

Hoja de ruta

El Marco Estratégico aprobado en Consejo de Gobierno se plantea como un instrumento progresivo, adaptable e iterativo, orientado a la creación de un Sistema Autonómico de Evaluación de Políticas Públicas. El documento fija la hoja de ruta para evaluar de políticas públicas en Canarias tiene como objetivo central mejorar la eficacia, eficiencia y calidad de la acción pública.

Su implementación se desarrollará de manera gradual, se apoyará en la capacitación técnica del personal público, la cooperación interadministrativa y el uso intensivo de datos y metodologías rigurosas, y comenzará por experiencias piloto en áreas prioritarias. En este sentido, el Gobierno ha dado luz verde a que se inicie una evaluación piloto sobre las políticas de discapacidad.