El Gobierno de Canarias ha presentado este viernes en Gran Canaria el borrador de la futura Ley del Litoral, un documento que busca adaptar la gestión costera a la realidad del archipiélago, tras asumir el Ejecutivo regional las competencias en la materia y crear la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario esta legislatura.
Sin embargo, pese a la importancia del acto, la puesta de largo de la norma ha estado protagonizada por un evidente desencuentro institucional: la ausencia total de representantes del Estado.
Versiones contrapuestas
El Gobierno regional sostiene que se cursó una invitación formal al Estado para asistir al evento y participar en el programa, pero no obtuvieron respuesta, y desde el entorno de la Demarcación de Costas en Canarias niegan haber sido invitados al congreso celebrado en el sur de Gran Canaria.
Tampoco hay constancia de que la invitación llegase al Ministerio de Política Territorial.
Este cruce de versiones y la no asistencia estatal a la presentación de la ley evidencian que las relaciones entre ambas administraciones no pasan por su mejor momento tras el cambio de competencias, antes ejercidas de manera exclusiva por el Estado a través de la Demarcación, que depende de la dirección general de Costas y del Ministerio de Transición Ecológica.
De Lopesan al desahucio en el Puerto
El trasfondo de esta situación está marcado por discrepancias recientes que han tensado la cuerda institucional. Entre ellas destacan las fricciones por las obras autorizadas al grupo Lopesan en Veneguera, o la defensa que desde el Ejecutivo regional se hace de los núcleos costeros singulares, oponiéndose en algunos casos a las acciones emprendidas para recuperar el dominio público marítimo-terrestre, como ha sucedido recientemente con una casa en Fuerteventura.
Tampoco hay que olvidar otro incidente con escasos precedentes en las islas: el expediente de desahucio abierto por la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) para desalojar a la Demarcación de Costas de su histórico edificio en el puerto de la capital grancanaria, lo que supone un inusual enfrentamiento directo entre administraciones: la estatal y la autonómica, que controla también la APLP, en manos de Coalición Canaria como la presidencia del Gobierno.
Más competencias
En este contexto enrarecido, durante el I Congreso de Costas Canarias, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha aprovechado la tribuna para reivindicar que las islas necesitan más competencias para gestionar su litoral.
Rodríguez califica de "insuficiente para responder a las necesidades del archipiélago" el actual traspaso competencial, argumentando que Canarias debe avanzar hacia un marco acorde a su realidad territorial y dotarse de las mismas herramientas de gestión de las que ya disponen otras comunidades.
A la medida insular
El borrador de la nueva ley surge precisamente de la necesidad de articular estas nuevas competencias transferidas. El encargado de desgranar sus líneas principales fue Francisco Villar, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna.
El texto tiene como objetivo central adaptar la regulación general a las particularidades de Canarias, abordando tanto la dimensión terrestre como la marítima.
Como novedad, la ley otorgará un tratamiento específico a los espacios de baño tradicionales, como los charcos y las piscinas naturales, que contarán con una normativa adaptada a su singularidad, diferente a la de las playas convencionales.
Asimismo, el borrador pone el foco en los núcleos costeros tradicionales, proponiendo reconocer sus valores históricos, pesqueros, sociales y marítimos. La intención de la norma es estudiar fórmulas para ordenar estos asentamientos y mejorar sus servicios básicos, pero garantizando siempre su protección y evitando, en todo caso, su crecimiento o extensión territorial.
Frente común interautonómico
El I Congreso de Costas Canarias, que ha reunido a alrededor de 200 participantes, ha servido también como un amplio foro de debate sobre los modelos de gestión del litoral en España y los retos que suponen los nuevos traspasos, explican los organizadores en una nota de prensa.
Para nutrir este debate interautonómico, las jornadas han contado con una nutrida representación de expertos y altos cargos de diversas regiones. La mesa centrada en la experiencia de gestión autonómica contó con la participación de Francesc Xavier Verga, subdirector general de Costas de Cataluña, Carmen Jiménez, secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático de Andalucía, y Koldobika Goitia, director de Puertos, Asuntos Marítimos y Litoral del País Vasco.
Por su parte, los retos de las transferencias de gestión se analizaron junto a Paula Uría (Galicia), María Tejerina (Cantabria), Marc García (Comunidad Valenciana) y Agustín Osete (Región de Murcia).
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