Todos los grupos del Parlamento de Canarias han apoyado la propuesta del Ejecutivo regional para desarrollar una ley que regule el alquiler vacacional en el Archipiélago. Una norma que busca acotar un problema potenciado en los últimos años debido al aumento de viviendas turísticas, lo que se señala como una de las causas del aumento de los precios del alquiler tradicional.
Actualmente, Canarias es una de las comunidades con mayor número de alquileres vacacionales. En las Islas hay 42.651 viviendas turísticas, según los datos del INE, lo que refleja un aumento de 5.000 viviendas de este estilo en los últimos dos años. En total, son 179.998 las plazas que tiene el Archipiélago, a datos de febrero de 2023.
Alquiler vacacional localizado
Frente al total de viviendas censadas, la vivienda turística supone el 4,1%, según los datos del INE, pero se eleva en algunos municipios como Tijarafe, Puntagorda, Adeje, Hermigua, San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Antigua, Yaiza, Tías, Teguise o Haría a más del 10%, mientras que La Oliva presenta el mayor porcentaje en Canarias, con más del 37,35% de viviendas turísticas, según el INE.
Los siete partidos con representación en el Parlamento canario han defendido la necesidad de desarrollar un marco normativo que regule en diferentes materias el alquiler vacacional ante la falta de orden actual. Una actividad económica que, pese al tensionamiento, han justificado que se pueda seguir desarrollando en las Islas.
Trabajo en marcha
Esta nueva ley, que comenzarán a trabajar con los sectores implicados, buscará establecer un nuevo marco que actualice las líneas que deja abierta la actual regulación, que ha generado conflictos con los propietarios de viviendas turísticas y con las patronales hoteleras, según valoraron este martes.
La consejera de Turismo, Jessica de León, ha recordado que el alquiler vacacional sí estaba regulado en Canarias pero que "varios puntos" de la norma se quedaron en suspensión. "Desde entonces no se ha asumido la batuta por parte de los distintos gobiernos para impulsar una regulación integral de esta actividad", ha rechazado de León, quien ha asegurado que el estado actual del turismo requiere de una "ley transversal que contemple el uso turístico de la vivienda en Canarias" y ha asegurado que actuarán con "bisturí" en la ley actual"
Primeras reuniones
Este mismo jueves darán comienzo las consultas para desarrollar la ley, según ha anunciado la consejera. En ese primer encuentro estarán presentes patronales, sindicatos, cabildos y ayuntamientos, ha indicado. Después comenzarán las consultas con los sectores implicados, las universidades, los grupos parlamentarios y el resto de consejerías.
De hecho, la ley, tal y como destacaron tanto la consejera como los diputados del PP, Carlos Ester y de Coalición Canaria, José Manuel Bermúdez, afectará a diferentes sectores como urbanismo, vivienda, consumo o la protección del territorio, por lo que requiere una regulación que implique a diferentes actores y consejerías.
Primeras peticiones políticas
Entre las preocupaciones que trasladaron los parlamentarios a la consejera, tanto Bermúdez como Ester expresaron su preocupación al respecto de cómo puede afectar la ley a los "pequeños propietarios" que "en muchos momentos se han sentido desprotegidos". Por su parte, desde Nueva Canarias, Natalia Santana pidió a la consejera que le respondiera al respecto del rumbo que tomará la norma al respecto de la cuestión fiscal de las viviendas turísticas, así como al respecto de los incentivos que se pondrán en marcha sobre la creación de empleo.
Por su parte, en La Gomera, según resaltó el diputado de Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos Chinea, hay unas 10.045 plazas turísticas, de las que unas 3.400 son plazas de alquiler vacacional. Según resaltó, a diferencia del modelo turístico elegido en otras islas, en las conocidas como islas verdes, el modelo turístico se ha apoyado especialmente en este tipo de alojamiento turístico.
Por ello, Chinea ha reclamado que esta regulación "sea un paragüas" para que "cabildos y ayuntamientos puedan legislar" en materia de la ordenación. Una petición similar a la realizada por parte de Raúl Acosta de AHI, quien ha pedido que la nueva norma vaya acorde a las necesidades de las isntituciones locales e insulares..