La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, solicitará este viernes en el Pleno a la alcaldesa Carolina Darias que explique “con nitidez” qué sectores de la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) privatizará durante su mandato, en el transcurso del debate para la aprobación del incremento de anualidades de dicho contrato que tendrá lugar pasado mañana.
La líder popular en la capital grancanaria explica que el pacto municipal (PSOE, Podemos y NC) ha introducido un punto en el orden del día, no previsto originalmente, para debatir y aprobar, en su caso, exceder el número máximo de años que la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) establece para las prestaciones de servicios, ya que la previsión socialista es licitar la recogida de basuras de la ciudad por un total de ocho años, cuando el limite legal es de cuatro.
El contrato
“Se trata de un macro contrato dotado de un importe millonario, en concreto, de 158,5 millones de euros. Este expediente, a pesar de la importancia que tiene, se inicia el 14 de marzo y en apenas ocho días lo pasan por el Pleno para su aprobación urgente. Pero lo más grave es que incorpora la privatización de facto de sectores de recogida que eran de gestión municipal, y quienes se erigen en defensores de lo público tendrán que explicar por qué lo hacen”, asegura la edil popular.
En concreto, el estudio económico que avala el incremento de las anualidades del futuro pliego para adjudicar el servicio establece que el licitador deberá recoger la basura de la ciudad “durante los días no laborables” (SIC) y que “los fines de semana y festivos será la empresa adjudicataria la que realice de forma íntegra la recogida de toda la fracción resto de nuestro municipio dado que los sectores/áreas municipales de gestión directa, no están cubiertos ya que la plantilla municipal trabaja de lunes a viernes” (SIC).
Privatización
“Se establece la privatización de sectores que ahora mismo, en el reparto establecido en el sistema mixto que tiene la ciudad, son públicos. Y ello requiere de la declaración de gestión indirecta. Pero por encima de todo queremos poner contra sus propias contradicciones a quienes por delante levantan la bandera de lo público pero por detrás privatizan, algo que no nos sorprende tratándose del PSOE, el primer partido que aplica un ERE en la historia del Ayuntamiento”, en relación a los 187 trabajadores de Limpieza despedidos en 2020 por el anterior gobierno socialista.
Delgado-Taramona relata que el Partido Popular “hace tiempo que superó los clichés de la izquierda” relativos a la gestión indirecta de los servicios públicos, dado que priorizan “una gestión eficiente de los servicios municipales, siempre desde la protección del trabajador y de sus condiciones laborales”. Sin embargo, la edil mostró su “inquietud” por saber cómo Gemma Martínez Soliño, de Podemos, Pedro Quevedo o la propia Darias “van a tragarse el sapo” de la privatización de un servicio que venía siendo municipal.
Gestión indirecta
Hay que recordar además que el 27 de marzo de 2020, en plena pandemia, una contratación puntual, extraordinaria y por emergencia de la recogida de basuras a causa de la pandemia ha derivado hoy en la prestación de un servicio durante cuatro años sin que haya sido interrumpido, cuando venía prestándose de forma directa por la Administración, sin que haya existido declaración previa de gestión indirecta, sin procedimiento administrativo alguno, sin licitación pública y sin visos de regularización o normalización de la situación anterior.
“Desde entonces 23 sectores que también eran públicos vienen siendo recogidos irregularmente por la contrata, a los que se suman otros 12 que también se le encomendaron el pasado verano, sumando un total de 35. Esto se produce porque el anterior alcalde pactó con los trabajadores que la recogida fuera de lunes a viernes y suponemos que ahora, por la puerta de atrás, se quiere regularizar en el nuevo contrato. Si se quiere hacer, que se inicien los procedimientos administrativos necesarios para la externalización de los mismos y se le diga a los ciudadanos”, concluye Delgado-Taramona.