El Gobierno central y el Gobierno de Canarias deberán negociar para evitar un nuevo recurso de inconstitucionalidad al respecto del decreto de discapacidad. El Ejecutivo de Pedro Sánchez discrepa del primer artículo del decreto que se aprobó el pasado julio con el objetivo de agilizar la tramitación de los expedientes de discapacidad en las islas.
Ambas administraciones han hecho públicas la discrepancia mediante una resolución de la última Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado–Comunidad Autónoma de Canarias, una resolución en la que se informa de la designación de un grupo de trabajo para proponer a la comisión la decisión “que proceda”.
El artículo 1
La resolución no detalla dónde radica exactamente el conflicto. Tan solo menciona que la discrepancia se encuentra en el primer punto del decreto: el artículo 1, es decir, toda la base en la que se estructura el decreto. Este artículo se subdivide en tres puntos.
El primero recoge que el decreto regula “los procedimientos administrativos para reconocer a las personas con discapacidad, con plena igualdad de condiciones de género, el grado que les corresponda, a fin de que puedan acceder a los beneficios, derechos económicos y servicios que otorguen los distintos organismos públicos. Asimismo, regula los Equipos de Valoración de la Discapacidad”.
El punto dos apunta que el reconocimiento del grado de discapacidad será para “las personas físicas interesadas, que se encuentren empadronadas con residencia efectiva en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias” y que, si la persona residiese fuera de España, la competencia “corresponderá a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, si el último domicilio en el que la persona interesada figurase empadronada fuese en esta”.
Los informes
Por último, el artículo también señala que el decreto “regula la emisión de informes o certificaciones referentes al diagnóstico, valoración y orientación de situaciones de discapacidad, solicitados a instancia de parte interesada o requeridos de oficio por otros organismos públicos que, legal o reglamentariamente, sean atribuidos por la normativa reguladora para el establecimiento de determinadas prestaciones y servicios a las personas con discapacidad”.
La mayoría de discrepancias por leyes terminan con acuerdos, aunque hay algunas que llegan al Tribunal Constitucional. Actualmente, el TC ha suspendido cautelarmente dos disposiciones de los presupuestos de Canarias después de que ambos gobiernos no alcanzaran un acuerdo. En este caso, la discrepancia radica en el complemento salarial al director del Servicio Canario de Salud y en la financiación de los puertos.