El decreto impulsado por el Gobierno de Canarias que pretende acelerar el reconocimiento de la Dependencia ha generado un fuerte rechazo por parte de los trabajadores de la Dirección General de Dependencia. El decreto, aprobado hace dos semanas, puede generar valoraciones erróneas o puede motivar la pérdida del derecho a la prestación, denuncian empleados del área.
Un grupo de trabajadores de Dependencia de la comunidad autónoma ha trasladado en un comunicado su “preocupación” por los nuevos criterios de valoración que establece el nuevo decreto. Desde su punto de vista, la nueva norma “introduce medidas que comprometen seriamente la calidad, equidad y seguridad jurídica del procedimiento, afectando de forma directa a los derechos de las personas más vulnerables”.
Por ello, los trabajadores reclaman que “las instituciones legitimadas” interpongan un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias o que los grupos parlamentarios adopten medidas para modificar de forma urgente el decreto.
Una sola visita
En esencia, el decreto surge de la necesidad de reducir las largas listas de espera para recibir la Dependencia que registra Canarias. Para ello, el Gobierno de Canarias ha reducido los trámites y los valores de la dependencia ahora tendrán que determinar el grado de dependencia de una persona en una sola visita a su hogar.
Para los trabajadores esta política de agilizar los trámites se centra en reducir las cifras de las listas de espera, pero no en garantizar que este servicio atienda efectivamente a las necesidades de las personas con dependencia. Por ejemplo, este decreto sustituye el informe social que los trabajadores de Dependencia tenían que elaborar sobre los solicitantes por un “informe de entorno”.
Este informe de entorno no tiene “base normativa ni definición clara”, denuncian los trabajadores, ante lo que aseguran que “introduce una arbitrariedad grave en el procedimiento y deja a la ciudadanía sin garantías jurídicas ni técnicas”. Asimismo, critican que estos informes los realicen los profesionales sanitarios.
Extinción de la solicitud
Otro punto que critican es que el derecho a la prestación se puede extinguir si no se accede al servicio en un plazo de tres meses. Esto, denuncian, se establece sin garantizar mecanismos para justificar que se ha extinguido por una causa no imputable al usuario o por la deficiencia del propio sistema.
“Parece que esta medida, que consideramos tirana, se ha hecho de cara a mejorar los datos estadísticos, ya que al extinguir el derecho, se refleja como un expediente finalizado. El problema es que el ciudadano se queda sin recibir ninguna ayuda del Gobierno, y en la mayoría de las veces por causas ajenas a su propia responsabilidad”, denuncian en el comunicado.
Sin el modelo extándar
Por otra parte critican que la decisión de eliminar el modelo normalizado del informe de salud genera “valoraciones erróneas ya que no se dispondrá de toda la información completa y obligatoria para el desempeño correcto del baremo y pone en riesgo el acceso de los canarios al derecho en igualdad de condiciones”.
Los trabajadores critican que no se opte por el modelo normalizado y avisan de que “cualquier informe expedido por los profesionales sanitarios designados será válido sin exigir que este contenga los elementos clínicos esenciales para contextualizar adecuadamente la situación funcional de la persona”.
Valoración por muestreo
Por ello avisan de que se pueden dar “valoraciones incompletas o erróneas” y alertan de que “la ausencia de información clínica suficiente podría dar lugar a la denegación de un grado de dependencia”.
Otra de las críticas que hacen los trabajadores es que la Comisión Técnica de Valoración examinará las valoraciones hechas “por muestreo”, en lugar de analizarlas todas. Para los trabajadores esto “impide un control técnico riguroso y coherente en todos los casos, no garantizando que todas las valoraciones estén correctas”.