El Gobierno de España llevará al Constitucional los presupuestos de Canarias en 2025 por discrepancias respecto a las retribuciones de los gerentes del Servicio Canario de la Salud y los puertos deportivos.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que tras la aprobación de los presupuestos se activó el mecanismo legal para la resolución de discrepancias entre los gobiernos central y autonómico. En un primer momento se encontraron discrepancias con los artículos 37, 41 y 58, la disposición adicional duodécima y las disposiciones finales cuarta, octava y décima.
Un sueldo de más
Finalmente tras alcanzar acuerdos respecto a la mayoría de los temas, se quedaron sin saldar dos. El primero es en relación a la disposición final cuarta que modifica la disposición adicional cuarta de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias para establecer que quienes desempeñen un puesto de gerente o de director gerente en el Servicio Canario de la Salud no puedan retribuciones inferiores a las que estaban recibiendo antes de su nombramiento. Una medida polémica que ha sido incluso reprochada por el Consultivo por también incluirse en un decreto de Dependencia.
Torres ha indicado que esto incumpliría la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2023 -que son los vigentes- y el incremento del 2,5% de manera supuesta, asismimo, ha informado que iría también en contra del Estatuto básico estatal.
Inversión en puertos
La segunda cuestión tiene que ver con los puertos deportivos, ya que la disposición final octava de la ley de presupuestos de Canarias, en su apartado primero, establece que la inversión sería para esas concesiones de no menos del 20%, cuando la normativa estatal establece que tiene que ser por encima del 50%, según ha explicado Torres. Asimismo, la normativa estatal exige que las inversiones se hagan en un plazo de seis meses y los presupuestos canarios determinan un periodo de cuatro a seis años.
El Tribunal Constitucional será quien finalmente se pronuncie al respecto de estas discrepancias.