El próximo pleno del Parlamento de Canarias aprobará una de las normas más polémicas de la legislatura: la Ley de Ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias, la norma que redefine el funcionamiento de la Radiotelevisión Canaria (RTVC). El texto llegará a su aprobación tras superar este lunes el trámite de comisión parlamentaria y con la garantía de haber blindado los servicios informativos, que permanecerán en manos públicas, no podrán externalizarse y deberán contar con un mínimo de 1.600 horas anuales de producción propia.
Sin embargo, el proyecto continúa generando críticas por el modelo de gobernanza del ente, el poder que concentra el director general o administrador único durante la transición- y la reducción de algunos mecanismos de control parlamentario.
Todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, han coincidido en que el proyecto ha mejorado respecto al texto que el Gobierno remitió a la Cámara. Los cambios introducidos durante la tramitación responden, en buena medida, a las reivindicaciones de los trabajadores de RTVC, que denunciaban una posible privatización de los servicios informativos y reclamaban mayores garantías para la plantilla y la Radio Pública Canaria.
Consenso para blindar los servicios informativos
Los grupos han terminado blindando que los servicios informativos sigan siendo gestionados por trabajadores del ente y no por productoras privadas, como temían los empleados. También se incorporan un Comité Profesional, un código deontológico y medidas para reforzar la Radio Pública Canaria. Sin embargo, el consenso termina al abordar la estructura de dirección de Radiotelevisión Canaria, el papel del administrador único y el grado de control que ejercerá el Parlamento de Canarias sobre el ente.
La diputada de Nueva Canarias, Carmen Hernández, ha reprochado que el nuevo texto no corrige "el poder absoluto que se le otorga al administrador único y, además, elimina los contrapesos externos e internos". En el ámbito externo, ha criticado que el Parlamento de Canarias pierda capacidad de control al dejar de aprobar el mandato marco, mientras que, en el interno, ha lamentado que no prosperaran sus propuestas para fijar un plazo para constituir la Junta de Control y garantizar la representación de todos los grupos parlamentarios.
Nueva Canarias y PSOE mantienen las críticas
"Han cambiado mayorías reforzadas del Parlamento y juntas de control, donde profesionales del sector podían controlar, fiscalizar y hacer propuestas al director general sobre cuestiones relativas al ente, por un órgano unipersonal que es omnipresente y omnipotente", ha criticado Hernández. "Para Fernando Clavijo debe ser más fácil controlar a uno que a siete", ha añadido.
Las críticas de Nueva Canarias coinciden en buena parte con las expresadas por el PSOE. La diputada socialista Nira Fierro reconoció los avances introducidos durante la tramitación, especialmente el blindaje de los servicios informativos y las mejoras laborales para la plantilla, pero sostuvo que la ley mantiene una excesiva concentración de poder en la dirección general, reduce los mecanismos de control parlamentario y debilita los órganos de supervisión profesional.
Coalición Canaria defiende el fin del bloqueo
Frente a esas críticas, la diputada de Coalición Canaria, Vidina Espino, ha defendido que la reforma nace para evitar que Radiotelevisión Canaria vuelva a quedar paralizada por bloqueos institucionales y para mejorar tanto la gobernanza como la prestación del servicio público.
"La ley mantiene la elección parlamentaria de la Junta de Control y de la dirección general, conserva la mayoría reforzada de tres quintos como primera opción, amplía a cinco años el mandato de la Junta de Control y establece un director general con menos competencias de las que tenía anteriormente", ha explicado Espino.
El PP, ASG y AHI respaldan la reforma
La diputada nacionalista también ha defendido que la norma "blinda los servicios informativos, crea el Comité Profesional, incorpora el código deontológico, fortalece la producción propia, protege a los trabajadores, refuerza la Radio Pública Canaria y mantiene el mandato marco, eliminando únicamente su capacidad para bloquear el funcionamiento del ente". A su juicio, la reforma elimina los obstáculos que durante más de una década dificultaron el funcionamiento ordinario de RTVC sin menoscabar su independencia.
En la misma línea, el diputado del Partido Popular, Carlos Ester, sostuvo que la ley pone fin al bloqueo institucional vivido durante la etapa anterior y destacó que durante la tramitación parlamentaria se incorporaron enmiendas de la oposición y aportaciones de los trabajadores. También ASG y AHI respaldaron el texto al considerar que aporta estabilidad al ente, incorpora buena parte de las reivindicaciones de la plantilla y garantiza el carácter público de los servicios informativos.
Vox rechaza el proyecto
Vox, por su parte, mantuvo su rechazo al proyecto al considerar que incrementa el control político sobre Radiotelevisión Canaria, reduce el control parlamentario e incorpora órganos que, a su juicio, pueden favorecer el nombramiento de perfiles afines a los partidos.