“Llevamos más de un año de intenso trabajo y nos hemos empeñado en continuar dialogando hasta que alcancemos un acuerdo”, enfatiza Mari Brito, presidenta de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) tras la reunión de su Comité Ejecutivo en la que se ha decidido seguir reivindicando que el Anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas (conocida como Ley de Vivienda Vacacional), tenga en cuenta las demandas de los ayuntamientos.

“Se trata de que, una vez aprobada esta norma, no se entre en conflictos con ordenanzas municipales, dejándolas sin efecto”, explica la presidenta, subrayando que desde la FECAM “siempre se ha compartido la necesidad de la ordenación y regulación de esta actividad, pero también por una regulación que permita otorgar seguridad jurídica  a ayuntamientos, Cabildos y al propio Gobierno de Canarias”, por lo que abogan por la co-gobernanza municipal junto a Ejecutivo Regional y Cabildos. 

Durante la comparecencia, Brito destacó las cuatro principales discrepancias que mantienen con el actual texto de la Ley de Vivienda Vacacional .

Evitar duplicidades

Entre las discrepancias figura lo relacionado con la Disposición Transitoria Primera sobre la consolidación de las viviendas vacacionales, proponiendo que los ayuntamientos antes de consolidar el uso verifiquen, a ser posible a través de medios informáticos, que la declaración responsable está vigente.

Con esta medida se pretende evitar duplicidades y garantizar que todas las viviendas vacacionales sean controladas antes de su verificación. “Si los ayuntamientos tenemos que revisar toda la documentación que ya se haya presentado por parte de los que van a consolidar esa vivienda vacacional, va a ser inasumible esa carga”, matiza. 
 

Flexibilidad en los topes

Otra de las discrepancias -y que ha tomado forma de posible enmienda (si así decide defenderla algún Grupo Parlamentario)-, es la relacionada con los porcentajes o topes, proponiendo la modificación del artículo 4 del proyecto y solicitando que los ayuntamientos tengan libertad para fijar los mismos atendiendo a sus singularidades.

Según comenta Mari Brito (entendiendo que debe haber topes, pero teniendo en cuenta la casuística en cada una de las Islas), se ha atendido a tres cuestiones principales: el caso de las Islas Verdes donde se establece un 20%, pero puede ser insuficiente; el reto demográfico marcado por la despoblación, convirtiéndose precisamente la VV en un incentivo económico; y las zonas turísticas de los municipios turísticos donde se propone que se limiten o prohíban, en el caso de que ya exista suficiente oferta alojativa turística.

Una normativa que permita aplicar la Ley

Desde la FECAM insisten en que los ayuntamientos no se niegan a cumplir la nueva ley y que están dispuestos a colaborar en la comprobación y control de viviendas vacacionales existentes, pero entienden las corporaciones locales que el plazo de cuatro años establecido en el anteproyecto de Ley supone un esfuerzo inasumible para la revisión de “decenas de miles de viviendas vacacionales”

Teniendo en cuenta lo expresado, proponen que en el plazo de seis meses se elabore una normativa que precise la aplicación de la normativa de actividades clasificadas para VV y, mientras tanto, se suspenda la comprobación de las solicitudes presentadas ante los ayuntamientos.

Evitar impacto en la oferta turística

El cuarto aspecto en el que ha trabajado la FECAM está relacionado con las viviendas ya existentes y que deben dejar de serlo.

Desde la Federación proponen que se dicte una norma transitoria que regule la situación de estos alojamientos turísticos desde que se den de baja por la aplicación de la nueva ley de VV hasta que se apruebe la nueva regulación de la Ley de Turismo.

25.000 viviendas vacacionales fuera de mercado en julio

Miles de viviendas vacacionales se encuentran ahora mismo en suelo turístico. Según datos de la Consejería de Turismo, ofrecidos por la FECAM, a partir del 1 de julio de este año, podrían salir del mercado “de una manera abrupta” 25.000 viviendas vacacionales.

Según Mari Brito, “estamos hablando de vivienda residencial en uso turístico. Entendemos que estas viviendas en suelo turístico no deberían ser VV, pero lo son. Están funcionando como tal. Entendemos que, hasta que vuelvan a convertirse en producto extrahotelero, esa comercialización como producto en forma de VV se mantenga con el fin de evitar esa salida tan abrupta del mercado, impidiéndose así un impacto negativo en la oferta turística". 

Norma clara y precisa

Desde la FECAM apuestan por la cogobernanza en materia de alquiler vacacional y solicitan que la nueva Ley sea clara y precisa, lo que facilitará su aplicación en los municipios y despejará la inseguridad jurídica de los propietarios y de los técnicos municipales en el momento de implementarla.

El Anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas se debatirá en el Parlamento regional este próximo 14 de marzo. Las medidas presentadas por la FECAM y en las que llevan trabajando más de un año, aún no cuentan con el apoyo público de ningún Grupo Parlamentario, al menos, de manera pública y notoria. “En los grupos parlamentarios hemos encontrado receptividad y acogida, pero, de momento, no existe ningún Grupo Parlamentario que se haya comprometido a debatir las demandas de los ayuntamientos en esta materia”, asevera Mari Brito.