Imagen del Parlamento de Canarias / EFE
Imagen del Parlamento de Canarias / EFE

El Parlamento de Canarias culmina la tramitación de la futura Ley de Volcanes

La norma queda pendiente de su aprobación definitiva en pleno, una vez se retome la actividad parlamentaria tras el verano

Atlantico Hoy

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El Parlamento de Canarias ha finalizado este viernes la tramitación del proyecto de ley de Volcanes, un texto que establece un estatuto del afectado, contempla medidas de apoyo en sectores como la agricultura, la industria, el turismo y la fiscalidad, y garantiza el derecho a recibir compensaciones por las pérdidas sufridas.

La norma queda pendiente de su aprobación definitiva en pleno, una vez se retome la actividad parlamentaria tras el verano. Así lo ha confirmado el diputado de Coalición Canaria, Jonathan de Felipe, en un comunicado.

Retroactividad y consenso político

De Felipe ha destacado que la tramitación ha respetado la voluntad de los afectados, incorporando únicamente mejoras técnicas sin alterar el sentido del texto original. Ha valorado además el alto grado de consenso alcanzado durante las ponencias parlamentarias.

La ley contempla la retroactividad en aquellas disposiciones que no entren en conflicto con leyes ya vigentes, con el objetivo de ofrecer respuestas tanto a futuras erupciones como a la del volcán Tajogaite, en La Palma.

Estatuto del afectado y consorcio

Entre las novedades más relevantes, el proyecto incluye un estatuto específico para personas afectadas y la posibilidad de crear un consorcio con participación de administraciones y damnificados, tal y como Coalición Canaria propuso desde el inicio de la emergencia.

La ley también establece que una población afectada por una erupción se considerará plenamente reconstruida cuando recupere su renta per cápita previa al volcán y la mantenga durante al menos dos años consecutivos.

Seguridad jurídica y voluntad popular

Según De Felipe, esta ley "da cobertura jurídica a una demanda del pueblo palmero" y garantiza que los derechos de los damnificados no queden sujetos a decisiones políticas puntuales, sino protegidos por una norma estable y clara.

El parlamentario nacionalista defiende que se trata de una legislación que “nace del consenso y del compromiso útil”, diseñada para que la recuperación sea un derecho, y no una promesa variable según el gobierno de turno.