El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad la Ley de Volcanes, una norma que emana de la iniciativa popular y que se convierte en la primera ley de este tipo en España, surgida en La Palma tras la erupción del otoño de 2021.
La Ley de Volcanes busca garantizar, acelerar y dar seguridad jurídica a la recuperación social, económica, medioambiental y habitacional tras una erupción volcánica, que en una tierra como Canarias nadie duda de que volverá a suceder.
Críticas del PSOE
Los portavoces de los grupos parlamentarios coincidieron en elogiar el origen popular de la norma y el consenso político para su aprobación, si bien la diputada del PSOE Alicia Vanoostende fue muy crítica con la respuesta del Gobierno de Canarias y del Cabildo de La Palma en los últimos dos años, que "no está a la altura del pueblo palmero".
"No hay peor engaño que el que se hace a las personas vulnerables", denunció Vanoostende, cuyo grupo mantuvo sin éxito una enmienda para que haya transparencia en el reparto de ayudas públicas.
Exigencia de transparencia
La parlamentaria socialista insistió en que la gente "sigue esperando una respuesta". Recordó que el Gobierno central "tiene un compromiso firme con la recuperación", pero que los agricultores y vecinos de la zona de exclusión aún dudan sobre cómo se han repartido los fondos. "Queremos luz y taquígrafos", subrayó, y pidió al Ejecutivo autonómico que no use "el dolor de un pueblo para hacer política".
El resto de los portavoces centraron sus intervenciones en el elogio a la Ley de Volcanes. Así, Jonathan de Felipe (CC) recordó que los afectados se encontraron ante una erupción sin un marco jurídico y destacó que fueron ellos mismos "quienes regalan a Canarias una norma como esta" para afrontar nuevas emergencias y aplicarla al Tajogaite en todo lo que sea compatible.
Recuerdo al Tajogaite
La diputada del PP Raquel Díaz comentó que nunca se olvidará que el Tajogaite "arrasó con historias y recuerdos", y aunque "no teníamos un manual, la reacción se convirtió en un ejemplo de gestión pública y solidaridad institucional".
"No podemos detener la lava ni aliviar el dolor, pero sí aprovechar esa experiencia para dotarnos de un marco legal que ampare a todos y ayude en la recuperación de los proyectos de vida", explicó.
El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, destacó que esta iniciativa popular demuestra que la sociedad va por delante, pero reconoció que frente al Tajogaite "se hizo mucho, aunque de forma insuficiente y más lenta de lo adecuado", lo que refuerza la necesidad de esta ley.
Javier Nieto, de Vox, recordó que los ciudadanos de La Palma siguen con problemas sin resolver y defendió que, aunque la ley "no es una panacea", sí demuestra la importancia del consenso para acercarse a los problemas de los ciudadanos.
Participación ciudadana
Jesús Ramos Chinea, de ASG, destacó que la norma es ejemplo de cómo entre el pueblo y el Parlamento se pueden crear sinergias en beneficio de todos.
El diputado de la AHI, Raúl Acosta, subrayó que la ley emana del pueblo y entronca con la participación ciudadana, a la vez que se enriqueció en su tramitación parlamentaria con aportaciones de todos los grupos.
La normativa aprobada busca dotar a Canarias de una respuesta integral, ágil y coordinada que mejore la recuperación en futuras erupciones volcánicas y garantice los derechos y compensaciones a los afectados.
La suficiencia de las ayudas, la recuperación de viviendas y actividades económicas, la coordinación administrativa y la eliminación de burocracia son aspectos en los que incide la Ley para agilizar la reconstrucción en caso de catástrofe volcánica.
Reconstrucción y futuro
La reconstrucción incluye la recuperación social, económica y ambiental del espacio territorial afectado por la erupción y las coladas de lava, pero también de la isla en su conjunto.
En particular, se pretende que los afectados puedan volver a instalarse en el mismo lugar en el que estaban sus propiedades, o lo más cerca posible, y que recobren su vida, actividades, explotaciones agrícolas y ganaderas.