La comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la contratación de material sanitario durante la pandemia ha cerrado dos años de trabajo con una conclusión de enorme calado político: el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres perdió el control político sobre una parte esencial de la gestión de la emergencia sanitaria, permitiendo que se consolidara un sistema de decisiones que, a juicio del dictamen aprobado por el Pleno, terminó quebrando los mecanismos ordinarios de control de la Administración.
Las conclusiones aprobadas por la Cámara van mucho más allá del análisis de expedientes concretos. El documento dibuja un patrón de funcionamiento que, según la comisión, comenzó con la creación de estructuras informales para dirigir la crisis sanitaria, continuó con una contratación de emergencia que en determinados casos se apartó de los procedimientos administrativos habituales y desembocó en decisiones que hoy siguen siendo objeto de investigación judicial.
Reproche severo
El dictamen sostiene que la sustitución de los órganos formalmente previstos por estructuras sin cobertura legal suficiente vació de garantías la dirección política de la crisis, uno de los reproches institucionales más severos que contiene el documento. A ello añade que los cambios producidos en la cúpula de la Consejería de Sanidad durante los primeros meses de la pandemia nunca recibieron una explicación política convincente y que el protagonismo asumido posteriormente por Conrado Domínguez respondió a una decisión política, no a una mera circunstancia administrativa.
Uno de los mensajes centrales del dictamen consiste en rechazar que la responsabilidad pueda limitarse exclusivamente a los funcionarios o a quienes firmaban técnicamente los expedientes. La comisión entiende que las decisiones adoptadas durante aquellos meses tenían un evidente componente político y, por tanto, la rendición de cuentas debía alcanzar a quienes dirigían el Ejecutivo autonómico.
Expedientes que marcan la investigación
La comisión estructura buena parte de su trabajo alrededor de tres grandes expedientes que considera paradigmáticos de las deficiencias detectadas: RR7 United, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas y Eurofins Megalab.
En el caso de RR7, el Parlamento aprecia una "quiebra gravísima" del control político sobre fondos públicosdestinados a afrontar la pandemia. Además, el dictamen considera políticamente poco creíble que el Gobierno sostuviera que conoció las incidencias del contrato únicamente cuando trascendieron públicamente, al tiempo que reprocha que la reacción institucional fuera tardía e insuficiente.
Respecto a Soluciones de Gestión, la comisión concluye que no se trató simplemente de una irregularidad administrativa. El documento afirma que existió una intervención política directa en el desarrollo del expediente y señala expresamente el papel desempeñado por Antonio Olivera, al que atribuye una participación política activa y continuada. También sostiene que Ángel Víctor Torres siguió e impulsó personalmente actuaciones incompatibles con una posición ajena o distante respecto del proceso de contratación.
El tercer gran bloque corresponde al denominado caso Megalab, donde la comisión aprecia un patrón similar. Según el dictamen, existió un acceso privilegiado a la Administración mediante vías paralelas al procedimiento ordinario y se permitió la prestación de servicios antes de formalizar el contrato correspondiente, una actuación que el Parlamento considera uno de los reproches políticos más graves contenidos en sus conclusiones.
Responsabilidad política
El documento culmina con una de sus afirmaciones más contundentes. Tras analizar la documentación remitida, las comparecencias celebradas y los distintos expedientes administrativos, la comisión concluye que la principal responsabilidad política recae sobre el Gobierno de Canarias que gestionó la pandemia y que esa responsabilidad se proyecta de forma especialmente intensa sobre el entonces presidente, Ángel Víctor Torres; el exviceconsejero Antonio Olivera; y los responsables políticos del área de Sanidad.
Además, el dictamen sostiene que las contradicciones detectadas entre algunas declaraciones realizadas durante la comisión y los hechos que posteriormente quedaron acreditados agravan el reproche político formulado por la Cámara, al entender que dificultaron el esclarecimiento de lo ocurrido.
Dos años de investigación
Las conclusiones ponen punto final a una de las investigaciones parlamentarias más extensas desarrolladas en Canarias durante la presente legislatura. La comisión fue creada en marzo de 2024 y celebró 29 sesiones, con decenas de comparecencias de altos cargos, funcionarios, empresarios y responsables políticos, además del análisis de una amplia documentación remitida por administraciones e instituciones públicas.
El Pleno del Parlamento aprobó finalmente el dictamen los días 7 y 8 de julio de 2026, incorporando también el voto particular presentado por los grupos Socialista, Nueva Canarias-Bloque Canarista y Agrupación Socialista Gomera, que fue rechazado por la mayoría de la Cámara.
Desde el punto de vista jurídico, las conclusiones no sustituyen a los procedimientos judiciales abiertos ni determinan responsabilidades penales, pero sí fijan la posición política oficial del Parlamento sobre la gestión desarrollada durante los meses más críticos de la pandemia y sobre las decisiones adoptadas por el anterior Ejecutivo autonómico.