El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Gustavo Santana denunció este miércoles en el Parlamento de Canarias que la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, aprobada por el Gobierno autonómico, “no responde al interés general de los residentes canarios, sino al de los grandes tenedores y empresarios del sector turístico”.
Santana recordó que, desde que se anunció la futura norma en septiembre de 2023, el número de viviendas vacacionales registradas en el Archipiélago ha crecido en más de 32.000 unidades, un aumento del 80%. “En apenas año y medio de gestión, este Gobierno ha expulsado del mercado residencial más viviendas de las que se han construido en los últimos treinta años”, advirtió.
“Una ley sin consenso social ni político”
El diputado señaló que el Consejo Económico y Social y varios colectivos sociales ya habían alertado de las consecuencias de esta medida. Recordó que el PSOE propuso una moratoria de las viviendas vacacionales hasta la aprobación de la ley, pero fue rechazada. “Hoy estamos ante el resultado de su irresponsabilidad”, lamentó.
Santana criticó además que el texto aprobado “difiere sustancialmente del anteproyecto original” y acusó a los grupos que apoyan al Ejecutivo de presentar enmiendas fuera de plazo, sin debate parlamentario. A su juicio, este proceder “vulnera la cortesía parlamentaria y culmina en una ley sin consenso social ni político”.
10% de suelo urbanizable
Según el diputado socialista, la ley favorece a los grandes intereses turísticos al permitir la explotación de hasta un 10% del suelo urbanizable, y hasta un 20% en islas verdes o municipios con reto demográfico. Además, transfiere la responsabilidad de la regulación a ayuntamientos y cabildos. “El Gobierno se lava las manos y da más de cinco años para aplicar la ley, cuando es este mismo Gobierno el que declaró la emergencia habitacional”, criticó.
También acusó al Ejecutivo de “demagogia”, al presumir de frenar la especulación mientras bloquea la declaración de zonas tensionadas en municipios como Las Palmas de Gran Canaria. “No creen en esa figura y no aprobarán ninguna mientras sigan gobernando”, afirmó.
Trabas a los pequeños propietarios
Santana denunció que la norma beneficia a los grandes tenedores al otorgarles autorizaciones de hasta 20 años si destinan parte de sus inmuebles al alquiler residencial, mientras impone “trabas imposibles” a los pequeños propietarios. Frente a ello, defendió la propuesta socialista de limitar a tres viviendas vacacionales por titular, medida que, según dijo, permitiría devolver miles de casas al mercado residencial.
“El modelo socialista apuesta por reequilibrar la fiscalidad, impulsar la vivienda pública y garantizar un reparto más justo de los beneficios turísticos”, explicó. Santana concluyó que la ley “no garantiza el derecho a la vivienda, aumentará los precios y perpetuará el desequilibrio entre el uso turístico y residencial del suelo canario”.
“Es un acto de propaganda más de la consejera de Turismo y un regalo a los grandes poderes económicos. No piensa en Canarias ni en sus residentes”, sentenció.