Rafael Yanes ve "difícil encaje legal" a la idea de restringir la compra de vivienda a extranjeros

El Diputado del Común considera que Canarias tiene que construir más vivienda pública y entregar más ayudas a la compra o al alquiler en lugar de legislar contra otros ciudadanos comunitarios

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El diputado del Común, Rafael Yanes. / EFE/ Ramón de la Rocha
El diputado del Común, Rafael Yanes. / EFE/ Ramón de la Rocha

El acceso a la propiedad para ciudadanos de la Unión Europea está garantizado. Es la premisa que sostiene Rafael Yanes, Diputado del Común, al ser preguntado por Atlántico Hoy sobre el encaje legal que tendría la propuesta de partidos como Podemos, Sí Se Puede o Izquierda Unida Canaria para limitar el acceso a la vivienda de ciudadanos extranjeros.

Yanes considera que el encaje legal de esta propuesta es "difícil". "Si un canario quiere comprar una vivienda en Alemania lo tiene garantizado; y si un alemán lo quiere hacer aquí, también", ha explicado.

Una propuesta planteada en Baleares

La propuesta de los partidos a la izquierda del PSOE en Canarias ha llegado tras ver un planteamiento muy similar en países como Canadá o incluso en otras regiones españolas como las Islas Baleares, donde casi 60.000 extranjeros se han hecho con una vivienda en los últimos diez años.

En el archipiélago balear, sólo en 2021, el volumen de compra de inmuebles por parte de foráneos supuso casi el 40% de las operaciones, según las estadísticas del Colegio de Registradores. En Canarias, segunda región con más compras por parte de extranjeros, el porcentaje ascendió ese año al 25,87%. En el tercer trimestre de 2022, el 35,8% de transacciones realizadas en Canarias fueron firmadas por extranjeros, según datos de la consultoría Gesvalt a través del INE.

En su búsqueda de soluciones, el Gobierno de Baleares (PSOE, Podemos y Més), ha creado una comisión para analizar la posibilidad de prohibir la compra de vivienda a los ciudadanos, extranjeros o no, que lleven menos de cinco años residiendo en las islas.

Vivienda de protección oficial del Gobierno de Canarias. / Gobierno de Canarias
Vivienda de protección oficial del Gobierno de Canarias. / Gobierno de Canarias

Diversidad de opiniones

Los ecos de esta propuesta han ido resonando en Canarias, ganando adeptos y detractores. Hace unas semanas, el Sindicato de Inquilinas de Tenerife denunció en declaraciones para Atlántico Hoy que se está produciendo ''una compra y alquiler desmesurado'' por parte de personas foráneas a la isla.

En el otro lado de la trinchera, la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (ACEGI) negó, también en declaraciones a este medio, que se esté produciendo una ‘’invasión de extranjeros’’. Fatima Rahmouni, miembro de su junta directiva, añadió que tampoco se está dando "una pérdida de oportunidad de adquisición para canarios''.

Yanes apuesta por más ayudas

Respecto a todo este debate, Rafael Yanes piensa que las administraciones públicas deben "dar facilidades para que las personas puedan alquilar o recibir ayudas para comprar vivienda" pero en ningún caso prohibir a otros ciudadanos de la Unión Europea.

Yanes entregó este lunes al presidente del Parlamento de Canarias Gustavo Matos el informe del Diputado del Común correspondiente a 2022 que, según adelantó, refleja un aumento del 64% de las quejas en materia de vivienda respecto al anterior informe, lo que muestra "una gran preocupación" por parte de la ciudadanía al respecto que ha motivado a la institución para recopilar datos para elaborar un informe extraordinario sobre esta materia.

Informe de 2022 del Diputado del Común./ Álvaro Oliver (AH)
Informe de 2022 del Diputado del Común./ Álvaro Oliver (AH)
 

Parque de vivienda pública insuficiente

Al respecto, ha señalado Rafael Yanes que para que la administración pública pueda garantizar el derecho constitucional a la vivienda tiene que tener un parque público suficiente. El Diputado del Común resaltó que en la década de los 90 en Canarias se vendieron unas 20.000 casas a sus inquilinos como medida social "y se olvidaron de construir otras 20.000", lastrando la capacidad de vivienda pública del Archipiélago.

Este lastre es el que hoy genera el debate sobre la vivienda que ha permitido germinar propuestas como la de la prohibición de venta de inmuebles a ciudadanos extranjeros.

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