Las principales consultoras y organizaciones de asuntos públicos celebran la decisión del Gobierno de acelerar la tramitación de la Ley de Transparencia e Integridad de la Actividad de los Grupos de Interés, con el objetivo de que quede aprobada en este período de sesiones.
Según la información trasladada por el Ejecutivo a APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales), la intención es que la norma se apruebe este año como medida clave del Plan de Acción por la Democracia.
Un marco equiparable a Europa
El sector considera que se trata de una oportunidad histórica para dotar a España de una normativa equiparable a los referentes europeos en regulación del lobby.
Desde Acento, su presidente Alfonso Alonso indicó que la decisión del Gobierno “es una señal clara de compromiso”, pero advirtió de que el reto está en que la rapidez “vaya acompañada de la ambición necesaria para situar a España entre los países más avanzados en transparencia y buen gobierno”.
Demandas históricas del sector
En la misma línea, el presidente de Vinces, David Córdova, destacó que “todo lo que regule la transparencia y el derecho fundamental a la participación será bienvenido”, recordando que la principal herramienta contra la corrupción sigue siendo el Código Penal. Subrayó que se trata de una demanda de más de 15 años que acercaría a España al nivel de Bruselas.
Por su parte, el presidente de AP Institute, Joan Navarro, afirmó que la aceleración del calendario confirma que “estamos ante un momento histórico” para consolidar un marco claro de actuación que refuerce la transparencia y ponga los asuntos públicos al servicio del interés general.
Contenido de la futura ley
La norma, cuyo anteproyecto fue aprobado en enero de 2025 por el Consejo de Ministros y remitido al Congreso, contempla la creación de un registro público de grupos de interés, la obligación de informes de huella legislativa en cada propuesta normativa y un régimen sancionador en caso de incumplimiento.
De este modo, la ley busca garantizar la trazabilidad de la actividad de influencia y dotar de mayores mecanismos de control y transparencia al proceso legislativo.
Propuestas en el proceso parlamentario
Durante la tramitación, las consultoras y asociaciones del sector intensifican su interlocución con grupos parlamentarios y el Ejecutivo para reforzar la ambición de la norma.
Entre sus principales demandas figuran: extender las obligaciones de transparencia a diputados y senadores, incluir en la definición de grupos de interés a sindicatos, colegios profesionales y organizaciones sectoriales, y establecer un sistema de publicación inmediata de agendas y actas de reuniones con lobbies.
Refuerzo democrático
El Gobierno enmarca este proyecto dentro del Plan de Acción por la Democracia, que incluye 31 medidas para reforzar la calidad democrática en España, como la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, la celebración anual del Debate del Estado de la Nación, la regulación de los debates electorales o la reforma de la publicidad institucional.
La regulación de los lobbies constituye uno de los pilares centrales de este plan, al situar la transparencia, la participación y la rendición de cuentas como elementos clave para consolidar la confianza ciudadana en las instituciones.