Continúan las aguas revueltas entre la FECAM, el Gobierno de Canarias y los sindicatos de los policías locales por el Anteproyecto de Ley de Ordenación y Coordinación de las Policías Canarias que, tras la rueda de prensa de los últimos el pasado lunes, las instituciones han pisado el acelerador para sacar la nueva ley cuanto antes.
Una ley considerada como “una autentica cacicada de la FECAM contra los policías locales de canarias”, como han señalado en Atlántico Hoy el presidente de la STAP Canarias, Domingo Chávez Perdomo, y el representante de ASIPAL Canarias, Juan Pedro Cruz.
Ley sin consultar
“Este proyecto de ley se ha prefabricado de manera unilateral entre la FECAM, representada por Mari Brito, y el Gobierno autónomo, concretamente por Julio Pérez”. Ambos, del PSOE, y que “han llevado este texto a escondidas en su despacho”, apuntan. “Han creado una ley donde han obviado a todas las demás partes implicadas, como son todas las policías locales y sus representantes legítimos, incluso alcaldes de grandes ciudades, porque la FECAM representa a los pequeños municipios, no a los grandes que tienen un foro al margen”, añaden.
Una de los principales objetivos de crítica de los sindicatos es la intención de promover la interinidad en el sector policial. “Esa ley no promueve en absoluto una carrera profesional, no permite los escalafones de mando en un nivel adecuado para poder desarrollar toda la estructura policial que demanda un colectivo de policía”, contextualizan.
¿Fin a la carrera profesional?
Con el actual borrador, Domingo y Juan Pedro señalan que “prácticamente dilapidan esa carrera profesional y generan otra falta de estímulo porque se paralizan los ascensos”. Una queja que desarrollan tras la apertura, con la nueva ley en vías de aprobarse, de que quienes tengan carrera universitaria serán los que ocupen plaza de oficial o de subinspector o mejores categorías. “Hay muchos escalafones de mando que no tienen ningún atractivo para quien tenga una carrera, que le ha costado lo suyo y que podría aspirar a niveles de grupo A, que son comisarios, subcomisarios o inspectores. Lo otro es hasta ridículo. Miserable”, espetan.
Por otro lado, rechazan el nuevo texto al considerar “situaciones terribles” que sustenta esta ley como que “no reconoce derechos, sino obligaciones y deberes. Por lo que, de cara a la galería, cuando uno va a negociar derechos ya tienes la limitación de la propia ley. Es una ley trampa que nos están preparando”, expresan molestos.
Movilidad de agentes entre municipios
Uno de los caballos de batalla principales contra la nueva ley de coordinación es la posibilidad de movilidad “hasta de forma forzosa”, a petición de los alcaldes, de los policías locales entre municipios. “¿Qué contraprestación tengo yo? La ley no regula la figura del voluntariado ni las contraprestaciones que conllevan ese sobreesfuerzo de destinos obligados. Lo que pretende la ley es que vayas y no sepas que igual no te pagan porque no lo regula el texto. Lo deja ahí y ah. Ese ah en una ley lo decide el alcalde y las leyes son impositivas”, valoran los representantes sindicales.
Respecto a la formación, recuerdan que las mismas carencias de recursos que tienen para promover la ley actual como para no sacar más plazas públicas, también las tendrían para formar a los nuevos agentes “¿Cómo es que no hablan de los problemas de formación? Es una ley interesada que lo único que persigue es manipular a los policías para crear bolsas provisionales y quitarles sus derechos para que estén como policías de tercera categoría. Moverlos al antojo del alcalde de turno. La ley es una auténtica cacicada de la FECAM contra los policías locales de canarias”, insisten.
Señalados
Por ello, los entrevistados contemplan que el borrador de la nueva ley es “para salvar y favorecer las conveniencias y sortear las inconveniencias de los municipios pequeños a través de la FECAM” y el Gobierno de Canarias tiene su "complicidad", porque es una demanda "de muchos de sus socios políticos y ante el problemón que tienen de salvar la situación de las plazas y las carencias de policías locales en Canarias, lo intentan remediar con políticas en contra de los derechos de la policía. Es lo fácil”.
En este contexto, aseguran que “en lugar de exigir al Gobierno regional que ponga más medios, promueva las muchas vacantes que hay, haga convocatorias periódicas, etc. Lo que hacen es tirarse abajo. Buscar la interinidad, que es una figura provisional e igual está un año, seis meses, tres… Luego, coger calle y al paro. No creo que haya mucho incentivo a los opositores”.
¿Estabilidad laboral?
Además, Domingo y Juan Pedro inciden que el texto va, paradójicamente, en contra de la estabilidad laboral que ha promovido la comunidad autónoma y el Estado y que cuando hablan de ‘seguridad’ “eso pasa por una buena predisposición de policía, pero no estatales y autonómica, sino son las locales, que han resuelto municipal e interterritorialmente el problema de falta de seguridad y mira el trato que está recibiendo si sale la ley adelante”.
Domingo, con casi 30 años de servicio, compara épocas pasadas, cuando los alcaldes lograban acuerdos para el sector policial respetando las partes. “Ahora, llega un señor o en este caso la FECAM, y ya vienen pensando que aquí se hace lo que yo diga. Este es mi ayuntamiento y aquí quiero hacer y deshacer todo y lo pongo a mi gusto porque esta es mi casa”, expresa el presidente de STAP Canarias. “No señor, no es su casa y el funcionario no es un sirviente suyo, es de la Ley y la Constitución”, añade.
30 años tirados por la borda
“Me da pena y coraje que lo que hemos logrado en 30 años de luchas sindicales y policiales lo tiren a la basura un grupo de políticos que no tienen ni pajolera idea de seguridad y de policías locales y que por su conveniencia lo tiren a la basura en semanas”, reflexiona.
En esta línea, argumentan ambos policías que siempre han tenido problemas “con el típico alcalde cuando llega y se cree dueño y señor de la casa del pueblo e impone sus caprichos”, reconociendo que ese es el “gran miedo” con el que se tropiezan los sindicatos. “Es lo que ha pasado ahora y no nos han dejado otra alternativa que salir a pelear lo que tantos años nos ha constado conseguir, porque la ley del 97 y la norma posterior costó muchas peleas, reuniones sindicales, muchos logros, sacrificio para que ahora llegue la FECAM y diga que lo tiramos todo por la borda y vamos a lo que a ellos le interesa.
Peticiones
Por todo ello, lo que piden los sindicatos, según comparten los representantes de STAP y ASIPAL, es paralizar y rechazar ese texto tal cual está. “Si se consiguiese, sería una revisión y modificación integral del texto o acudir al que existió consensuado en 2018 que, en aquel entonces, tenía más artículos y regulaba muchas más cosas”.
A colación, destacan que esa norma de 2018 se paralizó porque la FECAM la echó para atrás. “Para unas cosas no pinta nada y para otras pinta mucho. Ya no solo no acepta el texto consensuado por todos los partidos, sino que quiere imponer el suyo solo y tiene nombre y apellidos –Mari Brito-. Es una cacicada mezquina que encima no es un texto generoso y abierto. Es un texto cerrado a las conveniencias de los alcalditos y la portavoz que los defiende para salvar sus problemas políticos”, sentencian.