El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, advirtió de que no concibe que algunas comunidades autónomas se opongan a acoger a los menores migrantes asignados en el reparto fijado por decreto ley.
"Esto es ley. No deberíamos decirlo, pero si es una ley, estamos obligados a cumplirla. Por supuesto que -las comunidades- pueden acudir al Tribunal Constitucional o al Supremo, ya lo han hecho, pero no me cabe en la cabeza que no vayan a cumplirla".
Posibles incumplimientos
En declaraciones en La Palma, Torres explicó que si un menor es derivado a otra comunidad, acogido por una ONG, y alguna autoridad le pone pegas, esa actitud supondría incumplir la ley. En ese caso, señaló, la situación debería notificarse a la Fiscalía y a las autoridades competentes.
Y recalcó que al tratarse de menores de edad, en sus desplazamientos desde Canarias o Ceuta a la península deberán ir acompañados de un agente policial por cada cinco niños, para garantizar "la mayor seguridad, preservando el derecho superior del menor".
Crítica al PP
El ministro cuestionó si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, derogaría esta norma si llegara a ser presidente del Gobierno, lo que retrotraería la situación a un escenario de hacinamiento en las comunidades fronterizas.
Ha afirmado que esta modificación de la Ley de Extranjería "justa, objetiva y necesaria", supone "un paso fundamental en el respeto a los derechos humanos", y que en el Gobierno se sienten "orgullosos" de haberla aprobado con el apoyo de sus socios, pese al voto negativo de PP y Vox.
Criterios y plazos
Frente a quienes sostienen que algunas comunidades quedan fuera del reparto, Torres reiteró que el sistema se basa en criterios objetivos de capacidad.
Indicó que, una vez aprobado el Real Decreto por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE, las comunidades deberán certificar si están en contingencia migratoria. En ese caso, la comisión interministerial se reunirá para acordar las derivaciones.
Derivación de menores
Torres detalló que el Real Decreto establece que todo menor que llegue a España en patera o cayuco deberá ser derivado a otra comunidad en un plazo máximo de quince días, si el territorio de llegada está en contingencia migratoria.
Para los menores que ya se encuentran en España, el plazo fijado es de un año para su redistribución entre comunidades.
Llamamiento a la comprensión
El ministro apeló a la comprensión de todas las comunidades, recordando que se trata de una población vulnerable.
"En otras ocasiones, menores de la misma edad que venían de otros lugares de Europa fueron recibidos con los brazos abiertos por comunidades que abrieron instalaciones propias para atenderlos, escolarizarlos, darles una situación permanente, en el día a día".
"La pregunta es: ¿por qué se ponen pegas cuando los menores, niños, son o provienen de África?".