El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha cerrado uno de los litigios urbanísticos más prolongados en el sur de Gran Canaria. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, dictó el 2 de septiembre un auto en el que homologa el acuerdo alcanzado entre Maspalomas Resort SL, sociedad vinculada al grupo Lopesan, y la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias tras años de negociaciones.
El fallo fija en 19,37 millones de euros la indemnización por la parcela APHB-3 del Plan Parcial Meloneras 2-A, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Con esta decisión, el tribunal declara concluido el procedimiento judicial y ordena el archivo de las actuaciones, sin imposición de costas procesales. En julio, Política Territorial informó en contra del plan que autorizaba a Lopesan a levantar otros cinco hoteles en el sur de la Isla. La inversión pública y privada, que superaba los 700 millones de euros, quedó entonces bloqueada por los incumplimientos detectados.
Un conflicto histórico
El origen del caso se encuentra en la Sentencia 131/2013, que anuló un acto administrativo de la Comunidad Autónoma y condenó a la Administración a ejecutar el acto presunto en relación con la reclasificación de suelo y la fijación de una indemnización. Esa sentencia fue ratificada en 2016 por el Tribunal Supremo, consolidando el derecho de Maspalomas Resort a reclamar una compensación.
La ejecución de la sentencia dio lugar a un largo incidente procesal, marcado por intercambios de alegaciones entre la empresa y la Administración autonómica. En ese marco, ambas partes acordaron una solución transaccional que, tras ser valorada por la Sala, ha sido homologada judicialmente.
Indemnización concreta
El auto detalla que la compensación asciende a 19.373.700,30 euros, cantidad vinculada a la valoración de la parcela conocida como Hotel Golf. Esta cifra fue aceptada por las partes, pese a que inicialmente existían discrepancias sobre los cálculos realizados por la Administración.
El TSJC, en el auto firmado por María Mercedes Martín (presidenta de la sala y ponente) y María del Carmen Monte y Lucía Padilla, destaca que el acuerdo no es contrario al ordenamiento jurídico ni lesiona intereses públicos ni de terceros. Por ello, considera procedente su homologación y da por desaparecida la controversia, lo que implica el archivo del procedimiento.
Criterio del tribunal
En su resolución, la Sala recuerda que la obligación de ejecutar las sentencias es irrenunciable, pero que las partes disponen de cierto margen para acordar la forma concreta de hacerlo. El tribunal subraya que su función en este tipo de incidentes es comprobar que el acuerdo cumple con los requisitos legales, sin sustituirlo por un examen abstracto de futuras actuaciones urbanísticas.
La homologación, en este caso, se limita a constatar la validez del pacto alcanzado entre Lopesan y la Consejería, otorgándole fuerza procesal y poniendo fin al litigio. La decisión se adopta, además, sin condena en costas, lo que supone que cada parte asumirá sus propios gastos.
Consecuencias abiertas
Aunque la resolución judicial cierra este procedimiento concreto, el futuro del Plan Parcial Meloneras 2-A sigue condicionado por el pulso político y administrativo entre el Gobierno de Canarias y Lopesan. La homologación garantiza la compensación económica por la parcela afectada, pero no despeja el debate sobre la viabilidad urbanística y medioambiental del conjunto del plan.
El sur de Gran Canaria, epicentro turístico del Archipiélago, continúa a la espera de una definición clara sobre proyectos estratégicos que arrastran años de paralización. El auto del TSJC resuelve el aspecto indemnizatorio, pero mantiene abierto el interrogante sobre el desarrollo de nuevas infraestructuras hoteleras en la zona