El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSCJ) obligó al Ayuntamiento de Santa Cruz a paralizar todas las obras relacionadas con el carril bici de la ciudad, previsto para inaiugurarse en pocos días. Es el siguiente capítulo de la serie que empezó en marzo con la anulación de la Nueva Ordenanza de Movilidad y Seguridad Vial del municipio, tras la demanda impulsada por la Asociación de Vecinos Urban Centro 'El Perenquén'.

"Por supuesto no se va a inaugurar hasta que no se resuelva el recurso que interprondremos la próxima semana ante el TSJC", afirma el concejal de Servicios Públicos del consistorio capitalino, Carlos Tarife, para quien las obras que quedaban para la apertura eran ya mínimas: "Algún remate sobre todo en materia de pintura". 

Norma de 1985

Tarife afirma que recurrirán esta sentencia en los cinco días de plazo que les da el TSJC, y está convencido que, de un modo u otro, saldrá adelante el proyecto puesto que "la Ordenanza del 1985, la que ahora está vigente, ya contempla la segregación de la vía por parte del Ayunamiento". 

Sin embargo, el abogado de los vecinos del centro que interpusieron este recurso, Felipe Campos, aseguró en una rueda de prensa este viernes, que la antigua normativa no contempla de ningún modo la implantación de una infraestrucura de estas características y que, en su opinión, debería desmantelarse. 

La presidenta de El Perenquén, Silvia Barrera, agradeció el respaldo de comerciantes, residentes y colectivos como Élite Taxi. “Han sido los únicos que han mostrado humanidad con los problemas que estamos viviendo en el centro”, concluyó.

Aparcamientos

"¿Dónde va a aparcar la gente?", se queja Campos. El aparcamiento es la principal de las demandas de estos vecinos: “Nos quitan aparcamientos y nos ponen un carril bici en el único acceso que tienen los proveedores de los comerciantes y de los vecinos”, dice Barrera. Para Campos, “el perjuicio es tremendo: los atascos son monumentales, nos quitan zonas de descarga, están quitando más de 500 aparcamientos, en una zona con multitud de residentes y comerciantes". 

Se preguntan para quién es "la ciudad amable" de la que habla Tarife, cuando ni vecinos, ni comerciantes, ni proveedores pueden aparcar "ni parar", afirman. "Queremos una ciudad amable, queremos la Santa Cruz que teníamos", concluye Barera. 

Contratos "ilegales"

El letrado también acusó al Consistorio de firmar contratos para obras dependientes de la ordenanza, como la Zona Urban: “Firmaron contratos por valor de 3,5 millones de euros para la obra del carril bici con la ordenanza ya anulada. Eso es una manifiesta ilegalidad. No se puede ejecutar nada sin una norma que lo respalde”, afirmó el abogado, quien no descarta emprender acciones legales por la vía penal.

“Están corriendo para gastar dinero público y levantar las infraestructuras antes de que llegue una nueva suspensión judicial. No es legal ni democrático", dijo tajante el abogado. 

Recurrir el auto

Tarife señaló el lunes que cuentan con cinco días para recurrir el auto, e insistió en que, según los servicios jurídicos del Ayuntamiento, "la ordenanza no esta anulada". El edil defendió que el recurso contra la anulación de la ordenanza fue interpuesto ante el Tribunal Supremo, que aún no ha decidido si lo admite a trámite.

Asegura que la "línea del recurso" será exponer que la ley anterior ya permite las obras del carril bici. "Dentro del apartado de las Limitaciones al uso general de las vías públicas, el artículo 74 establece que la Autoridad Municipal podrá establecer carriles reservados a la circulación para una determinada categoría de vehículos, quedando prohibido el tránsito por ellos a cualesquiera otros no comprendidos en dicha categoría", explican desde el Ayuntamiento.