Después de denunciar recientemente al Gobierno de Canarias y a la Consejería de Transición Ecológica ante la Comisión Europea a causa de los vertidos residuales de tierra a mar, la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales (ACC Medioambiente) apunta su mira hacia el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sobre todo tras la petición municipal, el pasado 11 de enero, al Estado y al Gobierno de Canarias a la urgente finalización de la depuradora de Buenos Aires para, entre otras cosas, “mantener el compromiso de vertido cero en nuestras costas para el año 2025”, como afirmó el alcalde, José Manuel Bermúdez.
Una solicitud que no solo no ha convencido a la ACC Medioambiente, sino que se han sentido molestos. "Piensan que la sociedad civil no vive la realidad”, esgrime su presidente Juan Rumeu, que critica que esta petición institucional es “solamente una declaración de intenciones que en ningún caso responde a la voluntad de resolver el grave problema que tiene Santa Cruz con la depuradora. Un brindis al sol”.
Además, Rumeu señala que la manifestación municipal de que es absolutamente imprescindible que finalicen las obras de la EDAR de Buenos Aires, que van con considerable retraso es un “reconocimiento expreso de una situación que hasta hoy han estado negando y justificando con medias verdades”.
15 millones de litros diarios
Sobre la petición a Transición Ecológica de modificar la autorización de vertidos al mar de Los Llanos (adaptando sus condicionantes técnicos a las fechas reales de ejecución de las obras de remodelación y ampliación de la EDAR de Buenos Aires ejecutadas por el Ministerio), Rumeu señala que “es un trabalenguas sin sentido” y apunta a que se refiere a la autorización de vertidos para las aguas residuales “que no puede tratar la depuradora en la actualidad y que suponen un vertido de 15 millones de litros de aguas residuales sin depurar cada día”.
En este contexto, ironiza con que “ya es un paso que reconozca el ayuntamiento y su alcalde lo que hasta la fecha han estado negando persistentemente, que Santa Cruz tira vertidos al mar sin depurar, que no están autorizados y que a la depuradora le quedan años para que se terminen las obras”.
Sospechas desde verano
Es en el último verano, según cuenta Rumeu, que ACC Medioambiente es conocedor de la existencia de varios vertidos de aguas residuales sin depurar al mar en Santa Cruz “sin autorización para hacerlo”, entre otros, la EDAR de Buenos Aires.
Por ello, la asociación se dirigió a la Junta de Gobierno para que publicase en el Portal de Transparencia las actuaciones y reclamaciones documentadas que ha realizado el ayuntamiento ante el Ministerio de Transición Ecológica, demandando la finalización de las obras de la ampliación y puesta en marcha de la depuradora Buenos Aires”.
Enfado y denuncia
Asimismo, Rumeu explica que solicitaron la publicación de la autorización de vertidos al mar de aguas residuales sin depurar “que insistentemente venían negando". El enfado crece con la respuesta institucional: “Que no tienen la obligación de atender nuestra solicitud”
De esta manera, a finales de octubre la ACC Medioambiente acaba denunciando al Ayuntamiento de Santa Cruz ante el Comisionado de Transparencia por no haber publicado en los plazos a que está obligado en el Portal de Transparencia. “Aún estamos esperando a que el Comisionado de Transparencia cumpla con la función para la que fue creado por el Parlamento de Canarias, de quien depende”, espeta Juan Rumeu.
Adjudicación de las obras de la depuradora
Las obras de la depuradora Buenos Aires se adjudicaron por parte del ministerio el 8 de agosto de 2018 a la empresa Joca Ingeniería y Construcciones S.A., ubicada en Extremadura. Sin embargo, dicha empresa extremeña se encontraba en una situación irregular.
El importe de la adjudicación fue de 20.178.300,05 euros y la fecha de ejecución 33 meses. Hasta la fecha (54 meses tras la adjudicación), están ejecutadas menos del 50% de las obra. “54 meses vertiendo al mar más de 15 millones de litros al día de aguas residuales sin depurar”, resalta Rumeu.
Es por ello, que critica que no reclamar al Ministerio de Transición Ecológica la finalización de las obras y penalizaciones por el incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato de adjudicación de las obras “hace cómplice al ayuntamiento de la grave situación de los vertidos de aguas residuales sin depurar a la costa del municipio”, ya que según la legislación vigente los ayuntamientos “son los responsables de la construcción, implantación, mantenimiento e inspección de los sistemas de depuración de las aguas residuales, realicen o no directamente la prestación de este servicio público”, finaliza el presidente de ACC Medioambiente.