El Ayuntamiento de Santa Cruz defiende en un informe remitido a la Comisión de Control que lleva más años adoptando medidas de seguridad sobre el edificio abandonado de Azaña, en Acorán, el inmueble donde han fallecido varias personas por diferentes causas.
La administración local sostiene que ha actuado de forma “continuada” y que ya ha puesto en marcha la vía para expropiar y demoler la construcción, aunque admite que resulta imposible garantizar al cien por cien que nadie acceda a la estructura vandalizada.
Abandonado y de alto riesgo
El documento recuerda que se trata de un edificio de 22 plantas y unos 40.000 metros cuadrados, cuya obra quedó paralizada en los años 70 y que desde entonces ha permanecido sin uso, sin mantenimiento y con múltiples puntos de acceso.
Los informes técnicos municipales ya en 2017 describían un inmueble con deterioro avanzado, riesgo de caída de cascotes, presencia de amianto y entradas fáciles que favorecían intrusiones y actos vandálicos, calificándolo como un foco de “peligrosidad elevada y continuada”.
Primeras inspecciones
La Gerencia Municipal de Urbanismo abrió de oficio en 2015, el expediente 2015/5300 para comprobar la situación del solar y del inmueble, ya entonces en estado de abandono, en la calle Mayántigo, en el distrito Suroeste. Durante la instrucción se emitieron varios informes del Servicio de Disciplina Urbanística, tanto para proponer medidas de seguridad como para investigar quién era el titular real de la parcela.
Los últimos informes técnicos de esta primera fase están fechados el 30 de junio de 2017 y el 16 de marzo de 2018, y concluyen que procedía actuar sobre un edificio sin uso y con claros riesgos. Como paso clave, el 29 de noviembre de 2017 el Consejero Director declaró caducada la licencia de edificación, lo que abría la vía del restablecimiento de la legalidad urbanística perturbada.
Medidas de seguridad
A partir de ahí, la Gerencia de Urbanismo -bajo la responsabilidad por entonces de Carlos Tarife, actual primer teniente de alcalde y responsable de Servicios Públicos-, el 19 de marzo de 2018 dictó una resolución que obligaba a la propiedad a implantar medidas inmediatas de seguridad en el edificio. Entre esas obligaciones figuraban la instalación de una red perimetral y la colocación de 25 carteles, en español e inglés, que prohibieran el acceso al inmueble y advirtieran del peligro, distribuidos cada diez metros a lo largo de todo el perímetro.
El objetivo de estas actuaciones era cerrar físicamente el edificio y dejar constancia visible del riesgo para cualquier persona que se acercara a la estructura, muy deteriorada tras décadas de abandono. Sin embargo, la administración constata en el expediente que la propiedad no ejecutó en plazo las medidas de seguridad ordenadas.
Ejecución subsidiaria
Ante el incumplimiento, el Ayuntamiento decidió dar un paso más y asumir directamente los trabajos, repercutiendo luego el coste a los propietarios. El 5 de junio de 2018, una nueva resolución del Consejero Director acordó la ejecución subsidiaria de las medidas de seguridad decretadas en marzo, “a cuenta del obligado”.
Para poder llevarlas a cabo se tramitó el expediente de contratación 4248/2018, abierto el 20 de junio de 2018, con el fin de adjudicar las obras de cerramiento y señalización del inmueble. Poco después, el 10 de septiembre de 2018, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 autorizó mediante Auto 106/2018 la entrada en el solar durante tres meses, en horario de 9.00 a 20.00 horas, un plazo que fue prorrogado el 22 de noviembre por otros tres meses.
Adjudicación y fin de obras en 2019
El 8 de octubre de 2018, mediante la resolución 2645/2018, Urbanismo adjudicó el contrato de obras para implantar las medidas de seguridad en el edificio abandonado de Mayántigo a la empresa PAYSA Construcciones y Reformas S.L. El importe de la adjudicación ascendió a 97.709,69 euros, con un plazo máximo de ejecución de tres meses para completar el vallado perimetral y la señalización exigidos.
Según el expediente, las obras fueron recibidas como finalizadas el 1 de marzo de 2019, cerrando así la primera gran fase de intervención municipal sobre este inmueble, centrada en el vallado, los carteles de advertencia y la regularización administrativa tras la caducidad de la licencia.
Expedientes encadenados
A partir de ahí, la Gerencia encadenó nuevos expedientes para restablecer la legalidad y revisar el estado del vallado: en 2020 y 2023 las inspecciones constataron daños graves, retirada de carteles y puertas forzadas, lo que obligó a reponer señalización y reforzar cierres en varias ocasiones.
Esta cronología es uno de los principales argumentos del Ayuntamiento para defender que el edificio no estuvo “desatendido”, sino sometido a una actuación progresiva y prolongada en el tiempo. El informe subraya que las intrusiones y la vandalización del vallado se han repetido pese a las actuaciones municipales y a los precintos policiales documentados en actas e imágenes.
Reacción tras la muerte de la menor
Tras el accidente mortal del 4 de diciembre de 2025, los técnicos municipales inspeccionaron el inmueble al día siguiente y detectaron un nuevo hueco abierto en el vallado, delimitado solo por precintos policiales. Ese mismo 5 de diciembre se cerró el acceso con malla electrosoldada, se repusieron los carteles de peligro y se documentó la intervención con fotografías que se incorporan al expediente.
La Gerencia asegura que mantiene un seguimiento continuo del cerramiento, coordinación con la Policía Local y la revisión jurídica del expediente para adoptar medidas adicionales de control y seguridad. Aun así, advierte de que “no existe en la práctica ningún mecanismo físico ni administrativo” capaz de impedir totalmente el acceso a quien se empeñe en vulnerar las advertencias y romper los cierres de un edificio de gran escala abandonado durante décadas.
“Única solución definitiva”
El Ayuntamiento presenta la expropiación y la demolición completa del edificio como la única salida estructural al problema de seguridad que genera el edificio. En enero de 2024, Urbanismo declaró formalmente el “incumplimiento de la función social de la propiedad”, al amparo de la Ley del Suelo de Canarias, y ordenó iniciar el procedimiento expropiatorio del inmueble.
Esa resolución, derivada de un expediente abierto en 2023, habilita la expropiación y el posterior derribo, cuyo coste se estima en más de 2,5 millones de euros y que solo puede ejecutarse cuando el Ayuntamiento adquiera la titularidad del bien.
Urbanismo recalca que desde comienzos de 2024 está en marcha esa vía expropiatoria y la presenta como el “paso jurídico clave” para culminar la demolición en cuanto se complete la tramitación.