El responsable nacional de FACUA, organización de consumidores, Rubén Sánchez, en declaraciones a Atlántico Hoy, se ha pronunciado sobre la anulación de la tasa de basura en Las Palmas de Gran Canaria para hacer referencia a la de Santa Cruz de Tenerife.
Sánchez ha destacado que “es bueno que vayan saliendo sentencias judiciales favorables a los intereses de los ciudadanos” y que, viendo que el ayuntamiento capitalino de Gran Canaria ya tiene una sentencia, el Consistorio santacrucero debería “parar, devolver el dinero cobrado y darle vueltas a qué criterio tendría que adoptar para imponer la tasa, bien aplicada, con un criterio realmente de fomento del reciclaje”.
Además,Sánchez ha añadido que “lo que está haciendo el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife nosotros lo entendemos tan ilegal como lo que ha estado haciendo el de Las Palmas de Gran Canaria. Otra cosa es que no haya sentencia judicial todavía e instamos al ayuntamiento a que no aplique la tasa y que si la ha cobrado ya, pues devuelva, evidentemente, el dinero”.
60.440 notificaciones enviadas
A lo expresado se une que el Ayuntamiento santacrucero ya ha cuantificado las cifras que alimentan la polémica. En la última Sesión de Control de este mes de julio, la Concejalía de Hacienda ha confirmado que ya ha ingresado más de 3,7 millones de euros en pagos adelantados por la nueva tasa de gestión de residuos tras enviar 60.440 notificaciones informatizadas, rebautizadas inicialmente como “comunicación previa”.
Ese volumen de avisos alcanzó al 57,9% del padrón municipal. Según los datos oficiales, se han cobrado de manera anticipada 23.275 liquidaciones: 20.679 de la tasa residencial (TGRR) y 2.596 de la tasa no residencial (TGRNR).
Más de 3,7 millones de euros cobrados
La recaudación se desglosa en 2.341.609,85 euros por la tasa residencial y 1.413.770,96 euros por la no residencial, lo que arroja un total de 3.755.380,81 euros.
Estas cifras han sido confirmadas por el responsable económico del Ayuntamiento, José Alberto Díaz Estébanez, en respuesta a las preguntas de la concejala socialista Patricia Hernández, que había solicitado explicaciones sobre el alcance de esos avisos y el número de vecinos que habían pagado antes de tiempo.
Un “basurazo” denunciado
La polémica por la nueva tasa de gestión de residuos, conocida popularmente como "el basurazo”, saltó a la justicia desde hace unos meses y fue admitida a trámite. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) admitió el recurso contencioso-administrativo presentado por el Grupo Municipal Socialista contra la modificación de la ordenanza fiscal que regula este tributo, aprobada por el Consistorio en diciembre de 2025 y que entró en vigor el 1 de enero de 2026.
Mónica Brito, concejal del Grupo Municipal Socialista, confirma a Atlántico Hoy que, transcurridos varios meses desde la denuncia "ya ha finalizado el periodo de conclusiones y tiene que estar listo para sentencia".
Modificación “de forma irregular”
En aquel momento el PSOE explicaba que la ordenanza se modificó de forma irregular y con errores en los cálculos del servicio. Según Hernández, portavoz socialista y exalcaldesa, los gastos incluidos en el nuevo modelo estaban “inflados” y añadía que no se habían restado ingresos como los obtenidos por materiales reciclables a través de Ecoembes, lo que habría incrementado injustificadamente el coste final de la tasa.
La modificación realizada por el Consistorio ha supuesto un aumento medio del 50% en el recibo de la basura. En viviendas, el cobro se calculó según el valor catastral y el número de residentes: desde 70,98 euros anuales para un solo ocupante en un piso modesto, hasta cerca de 390 euros para inmuebles de más valor catastral. En empresas, la tasa varía según el uso del local y puede alcanzar hasta 24.000 euros.
Distintas reacciones
Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también se llevaron a cabo acciones, denunciando a diferentes ayuntamientos de todo el país ante la Comisión Europea, entre los que figuran el de Las Palmas de Gran Canaria y el de Santa Cruz de Tenerife.
Según la OCU, la tasa aprobada por diferentes administraciones locales no respeta el principio de quien contamina paga de la Directiva de residuos, por lo que pidió a la Comisión que evaluara la correcta transposición y aplicación de la legislación europea de residuos.
Por otro lado, el alcalde José Manuel Bermúdez (CC) ha defendido en reiteradas ocasiones que la corporación local se ha visto obligada a actualizar la tasa por mandato de la Ley estatal de Residuos 7/2022, impulsada por el Gobierno central, que obliga a los municipios a implantar una tasa específica que refleje los costes reales de la recogida y gestión de los residuos.
“Que espere a lo que diga la justicia”
Mientras el caso de Las Palmas de Gran Canaria ya cuenta con sentencia de anulación, en la capital tinerfeña la justicia aún no se ha pronunciado y desde FACUA (Consumidores en acción) piden al ayuntamiento santacrucero que pare, que devuelva lo cobrado en concepto de tasa de basura y espere a que se pronuncie la justicia.
En cualquier caso, tanto FACUA, como la OCU y la oposición municipal socialista ya han lanzado el mensaje de que el Ayuntamiento no debería estar cobrando una tasa que podría ser ilegal y que, si ya ha ingresado dinero, debe devolverlo sin obligar a los vecinos a presentar reclamaciones individuales.
Campaña nacional
Por otro lado, FACUA ha puesto en marcha una campaña nacional para alertar a los ciudadanos de que los criterios de fijación de las tasas de basura no pueden ser arbitrarios y deben ser proporcionales a los niveles reales de generación de residuos y al mayor o menor reciclaje en los domicilios.
La organización de consumidores mantiene una página web donde se invita a los ciudadanos a que reclamen el dinero en los ayuntamientos que no respeten los criterios de la ley y de la directiva europea, y se insta a esos Consistorios a que cesen en la aplicación de la tasa y devuelvan el dinero a la gente.