El polémico incremento de la tasa de basura en Santa Cruz de Tenerife, conocido popularmente como el basurazo, ha acabado en manos de la Justicia.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el Grupo Municipal Socialista contra la modificación de la ordenanza fiscal que regula este impuesto municipal, aprobada por el Ayuntamiento capitalino el pasado mes de diciembre con los votos en contra de PSOE y VOX
Denuncia
El motivo principal de la denuncia radica en que el PSOE considera que la ordenanza se modificó de forma irregular y con errores en los cálculos del servicio.
Recordemos que en el Pleno municipal del 19 de diciembre ya la portavoz socialista y exalcaldesa Patricia Hernández, anunciaba que acudiría a los tribunales, apuntando que los gastos incluidos en el nuevo modelo no eran correctos y no se habían restado ciertos ingresos —como los obtenidos por materiales reciclables a través de Ecoembes—, lo que habría incrementado injustificadamente el coste final de la tasa.
Vigente desde el 1 de enero
La modificación, que entró en vigor el 1 de enero, supone un aumento medio del 50% en el recibo de la basura.
En las viviendas, el cobro se calcula según el valor catastral y el número de residentes: desde 70,98 euros anuales para un solo ocupante en un piso modesto, hasta cerca de 390 euros para inmuebles de más de un millón de euros. En las empresas, la tasa varía en función del uso del local.
Ordenanza de 1946
El PSOE también cuestionó en el mencionado pleno que el Ayuntamiento haya optado por modificar una ordenanza de 1946 en lugar de aprobar una nueva, como —afirman— había recomendado el propio Servicio Jurídico municipal.
Además, han denunciado los socialistas que se incluyan en los costes conceptos ajenos al servicio de recogida de residuos, como campañas publicitarias o gastos vinculados al Carnaval, y ponen en duda la exactitud de los datos empleados para calcular el número de negocios afectados.
Contradicciones
Desde el grupo socialista también se critica que el Ayuntamiento, gobernado por Coalición Canaria y el Partido Popular, reduzca la bonificación a familias vulnerables del 100% al 50%.
Asimismo, calificaron de “contradictoria” la bonificación anunciada para quienes usen el contenedor marrón, ya que todavía no se ha implantado en todo el municipio.
Obligación
Por su parte y en reiteradas ocasiones, el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), ha destacado que la corporación local se ha visto obligada a actualizar la tasa por mandato de la Ley estatal de Residuos 7/2022, impulsada por el Gobierno estatal, que obliga a los municipios a implantar una tasa específica que refleje los costes reales de la recogida y gestión de los residuos.
Añadía el responsable municipal durante la mencionada sesión plenaria que la normativa que desarrolla la directiva europea de residuos es “tan mala” que cualquier modelo que adopten los ayuntamientos será igualmente negativo. A su juicio, la ley provoca incertidumbre e inseguridad jurídica, alejándose del objetivo comunitario de fomentar el reciclaje para convertirse en un mecanismo de aumento de tasas.
OCU
El pasado 28 de octubre, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también denunciaba ante la Comisión Europea que la tasa de basura aplicada por distintos ayuntamientos, entre los que se encuentra el de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, podría incumplir la normativa europea de residuos.
Según la Organización, la tasa aprobada por diferentes ayuntamientos no respeta el principio de quien contamina paga de la Directiva de residuos, por lo que pide a la Comisión que evalúe la correcta transposición y aplicación de la legislación europea de residuos.