La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante la Comisión Europea que la tasa de basura aplicada por distintos ayuntamientos, entre los que se encuentra el de Santa Cruz de Tenerife, podría incumplir la normativa europea de residuos.
Según la Organización, la tasa aprobada por diferentes ayuntamientos no respeta el principio de quien contamina paga de la Directiva de residuos, por lo que pide a la Comisión que evalúe la correcta transposición y aplicación de la legislación europea de residuos.
Directiva europea
OCU recuerda que la Directiva (UE) 2018/851 sobre residuos establece el principio de “quien contamina paga”, destinado a incentivar la gestión de cualquier tipo de residuo. Este principio debe aplicarse de forma clara y efectiva en la práctica.
En España, la transposición de la directiva se llevó a cabo con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta norma obliga a municipios de más de 5.000 habitantes a establecer una tasa de gestión de residuos que refleje su coste real, aplicando el citado principio.
Tarifa fija
A pesar de esta obligación, la aplicación de la citada tasa no se ha realizado correctamente, según la entidad denunciante. Los estudios de OCU señalan diferencias entre ayuntamientos y su implementación.
A juicio de la OCU, las corporaciones locales denunciadas aplican una tarifa fija a todos los contribuyentes, sin reflejar el coste real del servicio ni aplicar el principio de “quien contamina paga”.
Solicita se evalúe
En su denuncia ante la Comisión Europea, la OCU solicita que se evalúe si la transposición realizada por todos los municipios de España se ajusta al contenido y al espíritu de la Directiva de residuos mencionada.
En caso de detectar incumplimientos, se insta a iniciar el procedimiento correspondiente previsto en la legislación europea para garantizar el cumplimiento de la norma.
Obligación
Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, el concejal responsable de Hacienda, José Alberto Díaz Estébanez, recuerda que ya, en la rueda de prensa que se realizó para explicar el incremento de esta tasa, matizó que se trata de un "incremento de una modificación obligada, inevitable, inexplicada e improductiva”.
Explica el concejal que se trata de la transposición de una normativa europea que “el Gobierno de España ha decidido de forma unilateral trasponer directamente sin atender a los requerimientos de los propios municipios para una graduación en su puesta en marcha”.
Sin directriz clara
Añade Díaz Estébanez que se ha buscado la manera de “perjudicar lo menos posible tanto a los ciudadanos como a las empresas”, admitiendo la existencia de una dificultad técnica a la hora de aplicar el incremento, pero “el modelo es el que es” y se ha quejado de la falta de un criterio que unifique a los 8.000 municipios de España en este asunto.
Concluye que se han encontrado ante una gran injusticia a la hora de aplicar el incremento de la tasa de basura al no disponer de una directriz clara y lamenta que ni siquiera se ha aprovechado para dar unos criterios conjuntos, sino un “búsquense la vida: cóbrenlo, explíquenlo, recáudenlo, reciban los palos correspondientes y ya se verá”.