El Gobierno de Canarias no entrará a valorar la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que obliga a desmantelar el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife en un plazo máximo de seis meses. La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, defendió este martes en el Parlamento que se trata de una cuestión técnica y no política, y que corresponde a la competencia estatal.
Machín respondió así a una pregunta de la diputada socialista Yaiza López, a quien pidió que no busque "enfrentamientos entre administraciones". La consejera subrayó que el Ejecutivo autonómico parte de un principio "muy claro": todas las decisiones deben ajustarse al marco jurídico y, en su caso, a la ley autonómica de memoria democrática.
Rechazo a la declaración como BIC
En su intervención, Machín aludió a la decisión del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias de rechazar "de manera clara" la catalogación del monumento como Bien de Interés Cultural (BIC). "Ahí no caben dudas, esa es la posición del Gobierno de Canarias", zanjó la consejera.
Ese pronunciamiento resultó determinante en el expediente estatal: la resolución del Ministerio se ampara en el informe del Gobierno de Canarias, emitido el 21 de mayo, que rechaza proteger la obra del escultor Juan de Ávalos, iniciada a instancias del Cabildo de Tenerife para su posible declaración como BIC.
La consejera también recriminó a la parlamentaria socialista que "no se sonroje" al discutir la postura del Gobierno canario respecto al catálogo de vestigios franquistas que fue dejado sin efecto, porque, dijo, el anterior Ejecutivo del PSOE realizó "un procedimiento de errores continuo".
Retirar el monumento en seis meses
El cruce parlamentario llega una semana después de que el ministro Ángel Víctor Torres diera a conocer la resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática. El documento incluye el conjunto escultórico, conocido oficialmente como Monumento a la Victoria, en el catálogo estatal de símbolos contrarios a la memoria democrática y obliga al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, titular de la obra, a retirarlo del espacio público en un plazo de seis meses.
La resolución establece además que, una vez desmontado, el conjunto deberá quedar depositado en una dependencia pública sin posibilidad de volver a ser expuesto. El informe técnico descarta la tesis de la resignificación al considerar que un monumento erigido para exaltar a un dictador no queda transformado por el paso del tiempo ni por la familiaridad de parte de la ciudadanía con su presencia urbana.
El Ayuntamiento ve "incumplible" el plazo
La orden ministerial ha generado resistencias en la capital tinerfeña. El alcalde, José Manuel Bermúdez, aseguró que el Consistorio "cumplirá con lo que dicta la ley", tanto la estatal como la canaria, aunque sus servicios jurídicos analizan las consecuencias de la decisión, incluido el coste de la retirada y sus posibles repercusiones legales.
Más contundente se mostró el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, que calificó de "incumplible" el plazo de seis meses y estimó que los procedimientos administrativos impedirían comenzar los trabajos antes de un año y medio, al no poder ejecutarse una obra de esa envergadura sin licitación previa.
La resolución llegó, además, pocos días después de que el Pleno municipal rechazara una moción del PSOE que exigía la retirada inmediata del monumento, con los votos en contra de Coalición Canaria, Partido Popular y Vox.
El monumento, situado en la confluencia de la avenida de Anaga con Las Ramblas, fue inaugurado en 1964 para homenajear al dictador y conmemora la partida de Franco en el Dragon Rapide para iniciar el golpe de Estado de julio de 1936. Su inclusión en el catálogo estatal se produjo junto a la de otros tres vestigios en Madrid, Murcia y Almería, y el Ministerio advierte de que, si el Consistorio no cumple voluntariamente, podrá activar el procedimiento previsto en el artículo 37 de la Ley de Memoria Democrática.