El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado de forma inicial la ordenanza que regulará la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un trámite que permitirá ahora someter el texto a exposición pública durante un mes antes de su aprobación definitiva.
La medida responde a la obligación legal de implantar este tipo de áreas en ciudades de más de 50.000 habitantes y evitar tener que devolver hasta 11 millones de euros de fondos europeos si no se aprueba la ordenanza antes del 30 de junio.
La concejal de Movilidad, Evelyn Alonso, insistió en "la transparencia del proceso" y recordó que el proyecto "ya fue aprobado en Junta de Gobierno en junio de 2024 y expuesto públicamente". No obstante, reiteró la "postura crítica del grupo de gobierno respecto a la obligatoriedad de estas zonas", al considerar que cada ciudad "debería adaptar sus políticas de movilidad a sus propias características".
Espacios
La Zona de Bajas Emisiones se situará en el perímetro interior delimitado por el Barranco de Santos, Méndez Núñez, San Isidro y la avenida de Anaga. Las restricciones estarán vigentes de lunes a sábado, entre las 7:00 y las 20:00 horas, y afectarán únicamente a los vehículos más antiguos, es decir, los de gasolina matriculados antes de 2001 y los diésel anteriores a 2006.
El resto de vehículos con distintivo ambiental (incluidos los de etiquetas B, C, ECO y 0 emisiones) podrán acceder sin restricciones. Según el consistorio, la ordenanza contempla "un amplio sistema de exenciones, tanto mediante inscripción en un registro municipal como a través de autorizaciones específicas para residentes, servicios esenciales, personas con movilidad reducida o colectivos vulnerables".
Hasta 2029
El calendario de implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Santa Cruz de Tenerife acumula varios retrasos desde su planteamiento inicial. En un primer momento, su puesta en marcha estaba prevista para finales de 2023, pero se aplazó a 2024. En 2026 el proyecto continúa en fase administrativa.
Se contemplan hasta 18 meses para la inscripción de vehículos en el registro municipal y un margen de 36 meses antes de comenzar a sancionar. En este sentido, no se aplicará de forma efectiva hasta 2029.