El Pleno municipal de Santa Cruz de Tenerife volvió a abordar este viernes la situación de las 358 viviendas de Añaza, después de que Visocan enviara nuevas comunicaciones a los inquilinos reclamando deudas, anunciando revisiones de contrato e incluso advirtiendo de procesos judiciales. Un correo que, según aseguró la concejal de Bienestar Social, Charín González, “ni siquiera al Ayuntamiento le pareció apropiado” por la forma en la que se dirigía a familias en situación de vulnerabilidad.
Las palabras de González surgen a raíz de una prgunta de la edil socialista Alana Chinea, quien preguntó al respecto de la nueva notificación con avisos de desalojo que han recibido medio centenar de inquilinos "vulnerables" si no pagan una deuda antes de febrero, lo que generó malestar en el consistorio por las formas que empleó la empresa pública de vivienda.
No son las formas
Sobre el correo remitido recientemente por Visocan, la concejal explicó que el Ayuntamiento ya se había dirigido a la empresa pública en mayo de este año, remitiendo un listado de vecinos en situación acreditada de vulnerabilidad y solicitando que se adaptaran las cuotas de alquiler a la capacidad económica real de cada familia. “Visocan nos dijo entonces que iba a estudiarlo, pero no obtuvimos una respuesta concreta”, señaló.
La situación se reactivó en noviembre, cuando los vecinos comenzaron a recibir nuevas cartas de la empresa reclamando deudas o comunicando actuaciones próximas. “Fue entonces cuando volvimos a escribirles, trasladando no solo nuestra preocupación por el contenido, sino especialmente por la forma en la que se estaban comunicando estas decisiones. No creemos que ese sea el modo adecuado de dirigirse a familias que llevan años en procesos delicados y con los que hemos mantenido múltiples reuniones para buscar soluciones”, afirmó Charín, remarcando que el consistorio rechaza cualquier comunicación que genere alarma innecesaria.
La concejal insistió en que el Ayuntamiento ha cumplido sus competencias, especialmente a través del abono de las Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS) cuando los informes sociales lo avalan y del acompañamiento personalizado mediante los equipos de servicios sociales. Reiteró además que el consistorio continuará interviniendo “en cada caso concreto, buscando alternativas y soluciones, porque este Ayuntamiento está comprometido con que ninguna persona en situación de vulnerabilidad pierda su vivienda”.
En manos públicas
González recordó que la primera medida clave para evitar desahucios se tomó incluso antes de este mandato, cuando el Gobierno de Canarias —con la implicación del alcalde José Manuel Bermúdez— decidió adquirir el edificio para que dejara de estar en manos de un "fondo buitre". “Esa fue la primera acción para proteger a estas familias. Que las viviendas pasaran a ser de Visocan fue fundamental para evitar desahucios inmediatos”, subrayó.
González añadió que, a día de hoy, todas las familias vulnerables permanecen en sus casas pese a las notificaciones enviadas por Visocan y que los servicios sociales seguirán atendiendo y valorando individualmente cada situación. “Vamos a seguir apoyando con las prestaciones necesarias, vamos a seguir reuniéndonos con Visocan y vamos a seguir defendiendo que las comunicaciones sean respetuosas y ajustadas a la realidad. Lo importante es que estas personas siguen en sus viviendas, que es lo que todos queremos y deseamos”, concluyó.