La puesta en marcha de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ha de implantarse en todas las ciudades que contabilicen más de 50.000 habitantes, como así lo contempla la Ley 7/2021 de Cambio climático y transición energética. Esta norma responde a una directiva europea que persigue alcanzar la neutralidad climática para el año 2050.
La aplicación de esta ley está encontrando dificultades, sobre todo en su artículo 14.3 que dictamina la obligatoriedad de la implantación de las ZBE. Concretamente en el municipio de Santa Cruz, el Pleno municipal ha debatido y aprobado una moción para instar al Gobierno de España a modificar el referido articulado y evitar posibles sanciones.
Reducción de CO2
“Santa Cruz de Tenerife siempre ha cumplido con sus objetivos de reducción de los niveles de emisión de CO2”, ha destacado el alcalde, José Manuel Bermúdez, a colación de la moción presentada por el grupo VOX, pidiendo la eliminación de obligación de implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
Bermudez ha recordado que los retos acordados en el Pacto de los alcaldes por el Clima y la Energía se han cumplido y en estos se establecía lograr una reducción del 20% para el año 2020. “De cara al 2030 se ha acordado reducir un 30% y lo vamos a cumplir”, matizaba.
Obligatoriedad
Subrayaba el alcalde que el grupo gobernante está de acuerdo con la lucha contra el cambio climático y la transición energética, además de en los objetivos de reducción de emisiones de CO2. “Lo quiero dejar claro porque esta política de sostenibilidad se ha realizado por todas las áreas del Ayuntamiento siempre y lo vamos a seguir haciendo”.
Aclaraba el edil que, en la moción que se debatía, solo se habla de la obligatoriedad que se hace a los municipios de más de 50.000 habitantes, despejando así cualquier atisbo de dudas de estar de acuerdo con respecto al negacionismo climático.
Muy dificil de cumplir
“Esta norma se tenía que haber implantado desde el 2023 y no se ha hecho”, ha manifestado rotundo el alcalde, añadiendo que “si tan buena es la ley, ¿cómo es posible que en Canarias no se haya podido cumplir hasta ahora? ¡Es muy difícil de cumplir”.
Ante la dificultad que ha representado implantar la norma, Bermúdez ha manifestado que hubiese sido más lógico haber llegado a un acuerdo y establecer un “horizonte temporal amplio” para lograr los objetivos, “pero se eligió la obligatoriedad”.
Sanciones
Insistió el alcalde en explicar que, de no cumplirse la obligatoriedad de la norma, ya les han comunicado la imposición de sanciones, entre las que sobresale la posibilidad de perder la bonificación para la gratuidad en el transporte urbano en el municipio.
Por su parte, la concejal de Movilidad, Evelyn Alonso, ha apuntado que desde el Ministerio de Transportes han enviado un comunicado diciendo “si usted no tiene la Zona de Bajas Emisiones implantada, le quitamos la bonificación de la gratuidad del transporte”.
Un fracaso
Además, añade la concejal que de los 9 municipios canarios con más de 50.000 habitantes, sólo tres están en tiempo y forma.
“La puesta en marcha de la ZBE ha resultado un fracaso", reitera la responsable de Movilidad, señalando que a los municipios de más de 50.000 habitantes la tienen que implantar “sí o sí”, dejando claro que en ningún momento se ha intentado pedir la derogación de la Ley, “lo que estamos pidiendo es que esa imposición la deleguen a los municipios, de tal manera que la puedan implementar teniendo en cuenta condiciones específicas”.
Moción
En el debate de la moción, Alejandro Gómez, concejal de VOX y proponente, ha indicado que las ZBE son el resultado directo de un marco ideológico impuesto por Bruselas y que en España tanto el Partido Popular como el Partido Socialista y Coalición Canaria aplican contra los intereses de los españoles.
Reseñaba el concejal de VOX que con esta moción “debe quedar claro si se apuesta por la libertad de movimiento de la ciudadanía o por las restricciones”.
Finalmente la moción ha sido aprobada por todos los grupos, menos por el PSOE que votó en contra.