La gestión de los vestigios franquistas en Santa Cruz de Tenerife dibuja un contraste claro entre dos etapas políticas bajo el nacionalismo canario: la de Miguel Zerolo y la del actual alcalde, José Manuel Bermúdez.

A comienzos de los años 2000, mucho antes de la aprobación de las leyes de memoria histórica, el entonces alcalde santacrucero, Miguel Zerolo, impulsó un cambio significativo en el callejero de la ciudad. Lo hizo, según relatan desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, por convicción personal.

Cambio en el callejero

“En el 2008 nos convocó y dijo que había que cambiar los nombres porque no cumplían con la legalidad ni con la ética democrática”, recuerda su presidenta, Mercedes Pérez Schwartz. La decisión se tradujo en la sustitución de denominaciones como Rambla del General Franco o avenida del General Mola, sin un proceso prolongado ni una gran polémica pública, pasando a denominarse Ramblas de Santa Cruz y avenida Islas Canarias, respectivamente.

Otras calles afectadas por la modificación fueron General Moscardó, que pasó a llamarse calle Del Amor; la General Goded, en adelante Del Perdón; la General Fanjul a Del Olvido; General Sanjurjo, que se denominó calle De los Sueños y la García Morato, cuya nueva denominación fue De la Tolerancia.

Equilibrios políticos

Recuerda la presidenta que aquella actuación se llevó a cabo incluso en ausencia de un marco legal específico como el actual. “No había ley, pero sí voluntad”, resume Pérez Schwartz, que destaca la rapidez y determinación con la que se ejecutaron los cambios.

Dos décadas después, el escenario es distinto ya que, como recuerda Pérez, en la actualidad existen varias normas -estatales y autonómicas- que obligan a retirar simbología vinculada al franquismo, pero su aplicación avanza con lentitud. En este contexto, la actuación del actual gobierno municipal es percibida por los colectivos memorialistas como dubitativa.

“El problema es que un día se dice una cosa y otro día otra”, señala la presidenta de la asociación, que vincula esta situación a los equilibrios políticos dentro del consistorio. A su juicio, la falta de decisiones firmes está retrasando el cumplimiento de la ley.

Cumplir la ley

La comparación entre ambos periodos pone el foco en el liderazgo político. Mientras Zerolo actuó sin presión normativa, el actual gobierno dispone de herramientas legales que, sin embargo, no se están aplicando con la misma contundencia, señala la entrevistada.

Para los colectivos de memoria, la cuestión radica en que no se trata solo de interpretar la ley, sino de cumplirla. “Las administraciones deben dar ejemplo”, insiste Pérez Schwartz. “Si no lo hacen, es difícil exigir a la ciudadanía que respete las normas”.

En ese contraste entre iniciativa y cautela se juega buena parte del presente y del futuro de la memoria histórica en Santa Cruz. Una cuestión que, lejos de cerrarse, sigue marcando la agenda política y social de la ciudad.