La decisión no está tomada, pero el tiempo sí corre. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife continúa analizando la resolución del Gobierno de España que obliga a retirar el conocido como monumento a Franco y estudia la posibilidad de impugnar la resolución mediante un recurso.
“Los servicios jurídicos siguen analizando la resolución y estudian recurrirla. Aún no se ha decidido nada”, apuntan fuentes municipales a Atlántico Hoy.
1.000 euros mensuales
La orden, dictada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, fija un plazo de seis meses para retirar la escultura de Juan de Ávalos, ubicada en la confluencia entre la avenida de Anaga y La Rambla.
El incumplimiento podría acarrear sanciones económicas de hasta 1.000 euros mensuales e incluso la ejecución subsidiaria por parte del Estado, que después reclamaría el coste al propio Ayuntamiento.
“Cumplirá la ley”
En el Consistorio, sin embargo, el debate no es solo político. Es, sobre todo, técnico y jurídico. El alcalde, José Manuel Bermúdez, ya advirtió desde el primer momento que la Corporación “cumplirá la ley”, pero también insistió en la necesidad de estudiar “todas las vertientes” de una decisión que, recalca, tendrá impacto directo en las arcas municipales y posibles derivas legales.
El posible recurso en alzada ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática aparece ahora como una vía abierta dentro del propio procedimiento administrativo. El Ayuntamiento dispone de un mes para formalizarlo, mientras sus servicios jurídicos evalúan el alcance de una resolución que ha reactivado un conflicto latente desde hace años en la capital tinerfeña.
Un dictamen contundente
La posición del Gobierno central es clara y matiza que el monumento ha sido incorporado al Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática tras el análisis de una comisión técnica estatal. El dictamen concluye que se trata de una “expresión inequívoca” de exaltación de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista.
En cualquier caso, esta no es una conclusión aislada. En Canarias, el Consejo de Patrimonio Cultural ya había rechazado previamente su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), respaldando informes técnicos que descartan valores históricos, artísticos o culturales suficientes para su protección.
Para el ministro Ángel Víctor Torres, la retirada responde a un “acto de dignidad democrática” y a una obligación legal que trata de evitar que el espacio público siga albergando símbolos vinculados a la dictadura.
Presión social y memoria
En paralelo, las asociaciones memorialistas han intensificado la presión para acelerar el proceso. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife ha pedido el cierre definitivo del expediente de protección y la aplicación “sin más dilaciones” de la legislación vigente.
Su presidenta, Mercedes Pérez Schwartz, considera que mantener el monumento supone una vulneración de las leyes de memoria democrática y un agravio para las víctimas del franquismo. Recuerda, además, que en la isla hay al menos 182 personas identificadas como víctimas de la represión.
¿Recurrir o asumir la retirada?
Mientras el Gobierno central apela al cumplimiento estricto de la ley, el Ayuntamiento trata de ganar tiempo para medir las consecuencias de cada paso. En medio, la ciudadanía observa cómo un símbolo anclado en 1964 sigue generando, más de seis décadas después, un debate profundamente contemporáneo.
La incógnita ahora es si Santa Cruz optará por recurrir o asumirá la retirada. De momento, la decisión sigue sobre la mesa. Y el reloj, en marcha.