La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha declarado que la Dirección General de la Guardia Civil vulneró la normativa de protección de datos en el despliegue de pistolas eléctricas incapacitantes (táser) con cámara. En Canarias hay al menos 30 de estos dispositivos, que ahora quedan bajo revisión tras esta resolución.
El caso parte de una denuncia del sindicato AUGC y se centra en el uso de estas armas, que incorporan cámaras capaces de grabar vídeo y audio durante intervenciones policiales, afectando a ciudadanos, agentes y terceras personas.
Qué ha pasado
La AEPD concluye que la Guardia Civil cometió dos infracciones. La principal es no haber realizado antes de desplegar estas armas una evaluación de impacto en protección de datos (EIPD), un análisis obligatorio cuando puede haber riesgos para la privacidad.
El propio informe lo deja claro al afirmar que la Guardia Civil “no ha elaborado una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD)” pese a tratar datos personales como la imagen y la voz de las personas. Además, la Agencia recuerda que estas cámaras no solo graban a los sospechosos, sino también a agentes y a terceros en la vía pública, lo que amplía el alcance del tratamiento de datos.
Problemas con las grabaciones
La segunda infracción tiene que ver con la gestión de la información. El registro de actividades de tratamiento (RAT) indicaba que las imágenes se conservaban un mes, pero en realidad podían guardarse más tiempo dependiendo del tipo de grabación.
Esto supone, según la AEPD, que los ciudadanos no tenían información clara sobre qué pasaba con sus datos, lo que afecta directamente a su capacidad de controlarlos.
Qué tiene que hacer ahora la Guardia Civil
La sanción impone a la Guardia Civil la obligación de realizar una evaluación de impacto en un plazo de seis meses y corregir la información sobre el uso y conservación de los datos.
Esto significa que los dispositivos podrán seguir utilizándose una vez se corrijan estos puntos. Además, la sanción no implica ninguna multa para la Guardia Civil.
Por qué es relevante
La AEPD considera que este sistema plantea riesgos elevados para los derechos de las personas. Se trata de una tecnología reciente en el ámbito policial, que permite grabar de forma continuada en espacios públicos y que puede recoger datos sensibles.
El informe señala que este tipo de tratamiento puede suponer “un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas”. Además, las grabaciones pueden utilizarse en procedimientos judiciales o administrativos, lo que aumenta su impacto sobre la vida de las personas que aparecen en ellas.
El papel de AUGC
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que presentó la denuncia, sostiene que no se opone al uso de estas armas, pero sí a que se implanten sin garantías legales suficientes. De hecho, AUGC lleva tiempo reclamando más pistolas táser para la Guardia Civil, que impedirían situaciones potencialmente mortales tanto para agentes como criminales en dispositivos con fuego real y armas blancas.
El sindicato considera que la resolución confirma que el despliegue se hizo sin cumplir plenamente la normativa y reclama que se establezcan reglas claras para proteger tanto a los ciudadanos como a los propios agentes.
Segunda sanción en una semana
Esta es la segunda sanción a la Benemérita por incumplir la protección de datos en apenas unos días. Recientemente, la Agencia ha sancionado al cuerpo por exponer datos sensibles, como los de mujeres víctimas de violencia de género, a través del uso inadecuado de una aplicación de mensajería interna.