La asociación Tierra Bonita ha presentado ante los Juzgados de Los Llanos de Aridane una querella criminal contra los responsables de la emergencia volcánica en La Palma en 2021 por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, lesiones y daños.
En un comunicado, la asociación denunciante justifica su iniciativa en los juzgados en la "falta de medidas de protección a personas y animales" en la catástrofe volcánica de La Palma, más concretamente, porque no se evacuó a la población afectada pese al "riesgo inminente" de erupción.
Cinco acusados
En la querella, presentada por el despacho de abogados Martínez-Echevarría, solicitan que sean citadas cinco personas como investigadas, tanto cargos públicos como científicos, aunque en el comunicado la asociación no especifica quiénes, y otras siete en calidad de testigos.
La querella, señala la asociación Tierra Bonita, cuenta con el respaldo de la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados por la Erupción y la Asociación Agua para La Palma, y se prevé que se personen también otros afectados tanto a título individual como colectivo.
Inevitable pero previsible
Con esta acción legal, señalan los denunciantes, pretenden "demostrar que la erupción, aunque era inevitable, sí era previsible, en términos de protección civil, pero no se adoptaron las medidas oportunas que habrían minorado los daños materiales y a la salud de la población, así como a los animales".
Además, "no se habría expuesto a un grave riesgo de muerte a miles de personas".
Argumentan los querellantes que no se adoptaron las medidas necesarias frente al riesgo volcánico para proteger con garantías la vida y la salud de personas y de su patrimonio, hasta el punto de que "ni siquiera se llevó a cabo una evacuación preventiva general" antes de la erupción pese a las "evidentísimas señales objetivas de su inminencia".
Negligencia, temeridad, imprudencia y delito
Esta "omisión del deber de velar por la seguridad y salud de los habitantes y de los animales" evidencia, a juicio de los querellantes, una "negligente, temeraria, imprudente y delictiva" actuación de las autoridades.
Esto derivó en "un grave perjuicio", no solo con la pérdida de bienes, al no haber permitido a los ciudadanos tener "un tiempo prudente para salvaguardarlos, incluyendo la suscripción o mejora de pólizas de seguros", sino también "en la salud y en el bienestar emocional y psicológico de los ciudadanos".
El Gobierno no entrega las actas
La querella recopila afirmaciones de científicos miembros del PEVOLCA y de instituciones científicas integradas en este operativo de emergencias.
Abunda la asociación Tierra Bonita que la negativa del Gobierno canario de dar a conocer a los afectados las grabaciones y las actas de los comités científicos y del director del PEVOLCA, así como "las contradicciones y cambios de versión" en que han incurrido alguno de estos expertos en intervenciones públicas tras la erupción, obedece al "intento de ocultar que se produjo esta presunta negligencia".Además, la isla no contaba con albergue público de animales. Esto supuso que a raíz de la erupción todo el peso del rescate y cuidado recayera en asociaciones y voluntarios, sin un plan o protocolo oficial organizado por las autoridades políticas que debían asumir esta responsabilidad.