Funcionarios de La Laguna en una de las oficinas municipales./ AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA
Funcionarios de La Laguna en una de las oficinas municipales./ AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

Canarias aprueba un decreto que protege al funcionariado para que denuncie irregularidades

Con esta normativa, el Gobierno autonómico busca regular un sistema interno de información para controlar la corrupción en la administración pública del Archipiélago

ariadna

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes un decreto que tiene como objetivo crear y regular un sistema interno de información sobre irregularidades en la administración pública canaria, así como proteger al personal de funcionariado que denuncie irregularidades o corrupción.

El decreto, cuyo objeto es implementar la Ley 2/2023, ha sido presentado al Consejo de Gobierno a propuesta del presidente regional de la Administración del Estado, Ministerio de Justicia y Seguridad, previo dictamen del comité consultivo y añadiendo las observaciones planteadas, según comunica el Ejecutivo en una nota de prensa. 

Detectar irregularidades

Según el Gobierno regional, la implantación de este sistema constituye un mecanismo “eficaz” para que se puedan detectar irregularidades que pudiesen poner en riesgo los intereses públicos de la competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la colaboración del funcionariado o de quienes trabajen para o bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas o proveedores.

El Ejecutivo canario ve este decreto como una oportunidad para “impulsar la gestión del buen gobierno corporativo e integrar la cultura de la prevención en la dinámica cotidiana" de la administración regional, así como para "crear un clima de confianza y dotarla de una mayor transparencia, cercanía a la ciudadanía y eficacia en la prevención y sanción de conductas reprobables".

¿Cómo funcionará?

Este sistema dispondrá de una plataforma tecnológica de gestión, para la recepción, registro, tramitación y seguimiento de las informaciones recibidas como cauce de comunicación adecuado para la recepción de los datos sobre hechos o conductas.

El decreto también establece una estructura organizativa, con una persona delegada de la gestión del sistema, personas interlocutoras departamentales y unidades antifraude, además de regular el canal interno de información, el procedimiento de gestión de informaciones, el registro y publicidad de la información.

Por otra parte, el sistema interno de información de infracciones normativas incide en el fomento de la cultura de la información o comunicación como mecanismo que permita potenciar estrategias de sensibilización para la prevención de estas infracciones, concluye el Ejecutivo autonómico.