Canarias acelera en dependencia: "En un año y unos meses podría tener plena atención”

El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales asegura que aún queda camino por recorrer, pero los últimos datos empiezan a dar un poco de luz al Sistema de Atención a la Dependencia

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El Gobierno autonómico defiende que Canarias fue la comunidad que lideró la creación de plazas de dependencia. /Efe
El Gobierno autonómico defiende que Canarias fue la comunidad que lideró la creación de plazas de dependencia. /Efe

A principios de este año, Canarias era una de las once comunidades autónomas que se encontraban en el punto de mira de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales por haber disminuido en 2021 el gasto en la atención a personas en situación de dependencia. "La situación del sistema de dependencia en Canarias lleva un retraso monumental de 15 años”, asegura José Manuel Ramírez, presidente de esta organización.

No obstante, tampoco duda en afirmar que en el último año “comienza a verse la luz al final del túnel”. Esto es así porque, según explica, a lo largo de estos meses Canarias ha incrementado en 5.398 los beneficiarios del Sistema de Atención a la Dependencia. “Es el incremento de tres años de desarrollo del sistema, y quiere decir que, de seguir a este ritmo, en un año y unos meses Canarias podría tener plena atención”.

Pasos a seguir 

Ramírez defiende que “lo primero que tiene que hacer el Gobierno de Canarias es poner más dinero, porque es la comunidad que menos invierte por habitante y por año en el Sistema de Atención a la Dependencia”. La media estatal está en 1.173 euros por personas potencialmente dependientes y Canarias tan solo invierte 548 euros.

Además, “es necesario establecer la teleasistencia como derecho subjetivo para todas las personas en situación de dependencia mientras se aumenta el servicio de ayuda a domicilio”, apunta. Ramírez contempla como inasumible que la atención domiciliaria no esté registrada en el sistema de atención a la Dependencia. “Debe haber un pacto entre ayuntamientos, cabildos y Gobierno para incorporar este servicio al sistema”.

Qué se ha hecho hasta hora

En septiembre de este mismo año, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias celebraba el hecho de que “Canarias fue la comunidad que más creció porcentualmente en la incorporación de usuarios al sistema. En total, desde el área regional de Derechos Sociales se concedieron 1.190 altas del Programa Individual de Atención”. 

Además, ya el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, manifestó que Canarias era el “farolillo rojo” en áreas como dependencia, derechos sociales o educación pero no dudó en afirmar que el archipiélago está recuperando posiciones. "Canarias lidera la creación de plazas de dependencia, la prestación que se da por parte del Gobierno de Canarias", ha sostenido Torres en declaraciones a los medios, y si se mantiene el ritmo saldrá "del limbo de la dependencia muy pronto", declaró. 

Derechos Sociales también acordó con la Federación Canaria de Municipios un marco de actuación el que se unificarán criterios y prestaciones con los ayuntamientos que ofrecen los servicios de Dependencia para, así, garantizar una mejor cobertura. 

Limbo de la dependencia

En Canarias se tarda casi 950 días en dar respuesta a las solicitudes. “Es la comunidad autónoma que más tarda”, señala Ramírez, que no obstante acepta que este tiempo medio se calcula con los datos del año pasado. "Si lo calculamos con la incorporación de las 5.400 personas que ha habido de incremento, probablemente el dato bajaría”. 

Pero, aun así, “hay que fijarse como objetivo prioritario atender a las 8.182 personas que están en el limbo de la dependencia, es importantísimo que esas personas tengan una prestación o un servicio”. Para Ramírez es fundamental que el Ejecutivo canario “recupere el tiempo perdido” y empiece a acometer reformas que agilicen los trámites. “Para eso es necesario simplificar los procedimientos e incorporar a dicho proceso a los profesionales de las entidades locales, tanto ayuntamientos como cabildos”.

En el limbo se encuentran todas aquellas personas que tienen derecho a una prestación económica o de servicios por su dependencia pero no la reciben. Esta es la cara más negativa del área gestionada por la consejera Noemí Santana.

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