Canarias concentra casi el 20% de las irregularidades detectadas por el Ministerio de Consumo en la sanción impuesta a Airbnb, que asciende a 64,05 millones de euros por anunciar viviendas vacacionales sin licencia o con números de registro falsos. En concreto, 12.728 anuncios irregulares localizados en el Archipiélago han motivado parte de la multa, lo que supone una de cada cinco viviendas afectadas por el expediente.
Según los datos del Ministerio, Airbnb publicitaba en España 59.229 viviendas sin número de registro, de las que 12.486 estaban en Canarias, además de 5.769 anuncios con registros falsos, 242 en las islas. En total, Consumo identificó 65.122 anuncios con infracciones de la normativa de consumo, de los que el 19,54% corresponden al Archipiélago.
La resolución sancionadora ya es firme y ha agotado la vía administrativa tras resolverse el recurso de alzada presentado ante el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. Además de la multa, se imponen dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a eliminar los contenidos ilícitos y a hacer pública la sanción.
Anuncios sin licencia y datos falsos
Las infracciones calificadas como graves incluyen la publicación de alojamientos sin licencia y la utilización de números de registro que no se corresponden con los anuncios turísticos. La cuantía de la multa equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el periodo en que los anuncios permanecieron activos tras el apercibimiento del Ministerio.
Consumo también sanciona a la plataforma por incumplir las obligaciones de los contratos a distancia, al omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión, así como por obstrucción al negarse a facilitar datos durante la instrucción del expediente y por incumplir medidas provisionales impuestas mientras se tramitaba el procedimiento.
Respaldo de asociaciones de consumidores
Tras conocerse la sanción, Facua la ha celebrado y ha destacado que se trata de la segunda mayor multa de la historia en materia de consumo en España, solo por detrás de los 108 millones impuestos a Ryanair por el recargo del equipaje de mano. La asociación ha instado a las autoridades autonómicas a actuar con mayor contundencia ante este tipo de fraudes inmobiliarios.
En la misma línea, Asufin ha respaldado la multa y ha señalado que plataformas como Airbnb no pueden limitarse a actuar como meros intermediarios, obteniendo beneficios sin asumir responsabilidad sobre los anuncios que publican.