La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha señalado que unos 10.000 alojamientos turísticos irregulares han sido eliminados de la plataforma Airbnb, gracias al acuerdo suscrito por su departamento con esta empresa en abril pasado.
En Airbnb ya no figuran tiendas de campaña en azoteas, minicampings en locales comerciales o furgonetas camperizadas, "y pronto tampoco estará en otras plataformas con las que seguimos dialogando", ha indicado en un comunicado la consejera de Turismo, Jéssica de León.
Desde abril, "la plataforma ha notificado a todos los anfitriones de Canarias la obligación de registrarse y ha trabajado intensamente para ofrecer orientación a su comunidad, a través de notificaciones regulares, recordatorios y recursos adicionales", según la Consejería, que destaca que es una iniciativa previa a la entrada en vigor del nuevo reglamento de la Unión Europea sobre arrendamientos de corta duración o de procedimientos sancionadores.
Sin registro
La siguiente fase del proceso se centra en las viviendas que carecen de registro tanto autonómico como estatal. Según De León, "aunque el decreto de ventanilla única representa una herramienta útil, todavía no se dispone de información completa sobre los propietarios ni las causas concretas de irregularidad que señala el Colegio de Registradores".
"La plataforma Airbnb ha mostrado su disposición a colaborar, pero la efectividad del decreto dependerá de una cooperación activa y el intercambio de datos entre administraciones y plataformas de comercialización", precisa. Considera que es fundamental conocer las razones por las que determinados alojamientos no han obtenido el número de registro de arrendamiento de corta duración.
Inspección y control
"En algunos casos, los defectos pueden ser subsanables y no dar lugar a sanción; en otros, se trata de instalaciones manifiestamente ilegales que deben ser retiradas o cerradas", explica la consejera.
El Gobierno de Canarias centra sus actuaciones en la aprobación de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas para regular el alquiler vacacional, en trámite parlamentario, en actuaciones de inspección y control a nivel autonómico, insular y local y en la colaboración con plataformas digitales para garantizar el cumplimiento de la normativa.