La Guardia Civil ha detenido en Tenerife a un hombre reclamado por las autoridades de Estados Unidos por su presunta implicación en la macroestafa internacional de OmegaPro, una trama de inversión piramidal que habría defraudado más de 650 millones de dólares a miles de personas en todo el mundo y cuya investigación está liderada por el FBI.
El arrestado, que ejerció como director de la entidad internacional, se encontraba alojado en un hotel de la isla cuando fue localizado por agentes de la Guardia Civil gracias a los controles que se realizan de forma permanente para detectar a personas sobre las que pesan órdenes internacionales de búsqueda y captura.
Tras confirmar su identidad y la vigencia de la orden internacional de detención, agentes del Puesto Principal de Guía de Isora establecieron un dispositivo que culminó con su arresto y puesta a disposición de la autoridad judicial competente.
El juzgado ha decretado su ingreso en prisión provisional hasta su comparecencia ante el órgano judicial reclamante.
Una estafa global
Según la información facilitada por la Guardia Civil, el detenido desempeñó funciones directivas dentro de OmegaPro, una organización que captó inversores mediante una intensa campaña de promoción internacional en la que llegaron a participar reconocidos futbolistas y otras figuras públicas.
La plataforma ofrecía supuestos paquetes de inversión con rentabilidades extraordinarias y prometía elevados beneficios en un corto periodo de tiempo. Las autoridades sostienen que estas promesas carecían de respaldo real y servían para atraer nuevos inversores al sistema.
La investigación estadounidense considera que OmegaPro llegó a convertirse en una de las mayores estafas piramidales vinculadas a las criptomonedas y a los activos digitales de los últimos años.
El caso OmegaPro
La detención en Tenerife se produce meses después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara, en julio de 2025, una acusación formal contra varios responsables de la organización.
Según la investigación, OmegaPro comenzó a operar en 2019 bajo un modelo de marketing multinivel que prometía a los clientes obtener rendimientos del 300% en 16 meses mediante operaciones de compraventa de divisas realizadas por supuestos operadores de élite.
Los inversores debían adquirir paquetes de inversión utilizando criptomonedas, convencidos de que se trataba de una plataforma segura y legítima.
Los investigadores sostienen que la organización desarrolló una ambiciosa estrategia de marketing global para ganar credibilidad. Entre otras acciones, celebró eventos promocionales en distintos países, exhibió el logotipo de OmegaPro sobre el Burj Khalifa de Dubái, el edificio más alto del mundo, y difundió en redes sociales imágenes de vehículos de lujo, relojes exclusivos y vacaciones de alto nivel para proyectar una imagen de éxito financiero.
Más de 650 millones
De acuerdo con la acusación estadounidense, OmegaPro logró recaudar más de 650 millones de dólares en criptomonedas procedentes de miles de víctimas repartidas por numerosos países.
La investigación sostiene que los fondos captados eran transferidos a monederos virtuales controlados por directivos de la organización y posteriormente distribuidos para ocultar su origen y dificultar su rastreo.
El colapso de la plataforma llegó cuando la empresa comunicó a sus clientes que había sufrido un supuesto ataque informático. Aunque los responsables aseguraron que las inversiones serían trasladadas a una nueva plataforma denominada Broker Group, los afectados nunca pudieron recuperar su dinero.
Las autoridades estadounidenses consideran que varios de los dirigentes de OmegaPro obtuvieron beneficios millonarios mediante este sistema.
Cooperación internacional
El FBI mantiene abierta la investigación junto con el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) y diferentes organismos internacionales.
La Guardia Civil destaca que este tipo de actuaciones forman parte de los mecanismos de cooperación policial destinados a localizar y detener a personas reclamadas por la Justicia internacional, garantizando el cumplimiento de las resoluciones judiciales y reforzando la seguridad ciudadana.