El pasado 27 de septiembre, un hombre arremetió contra el director médico del Centro de Salud de Arucas. Lo empujó cuando le estaba comunicando el cambio de su médico de familia. Una enfermera que acudió en auxilio del facultativo también recibió presuntamente dos puñetazos y varios tirones de pelo. La madre del paciente, que también se encontraba en el centro, aprovechó que el profesional y su hijo se cayeron para darle varias patadas al médico mientras permanecía en el suelo. Por culpa de los golpes recibidos el médico resultó con dolores en un codo y en la región lumbar que tardaron en curar cinco días.
Esta semana se ha celebrado el juicio en contra la madre y su hijo acusados de un delito de atentado y un delito leve de lesiones. La fiscalía ha pedido para la mujer la pena de dos años de prisión y 60 días de multa con una cuota diaria de ocho euros. Para el hombre ha solicitado el ingreso durante dos años en un centro psiquiátrico, ya que padece una discapacidad mental, así como cinco meses de prisión y 29 días de multa con una cuota diaria de 8 euros.
Se activó el protocolo de agresiones
El médico afectado puso los hechos en conocimiento de los servicios jurídicos del Colegio de Médicos de Las Palmas, para acogerse al protocolo de agresiones previsto en estos casos por la institución colegial. Durante el juicio, celebrado en el Juzgado de lo Penal Nº4, fue representado por el abogado Guillermo Pérez Rivero, del bufete Lexanitas, que presta el servicio de asesoría jurídica del colegio.
Cuando un médico comunica una agresión a su colegio profesional, se activa el protocolo (vigente desde hace 10 años) y el médico agredido es atendido y orientado sobre los pasos a seguir. Tanto la asesoría jurídica del colegio como la secretaria general se ponen en contacto con el colegiado: una para las diligencias legales pertinentes y la otra para interesarse por su estado físico y anímico para trasladarle todo el apoyo de la junta directiva en tan desagradable trance.
Marta León, secretaria general del Colegio de Médicos de Las Palmas, alerta de que todas las agresiones, físicas o verbales, en el ámbito sanitario deben denunciarse, ya que es el único camino para que la justicia actúe y no vuelva a repetirse. Desde 2015 se aplica la modificación al artículo 550.1 del Código Penal en el que considera una agresión a un médico, física o verbal, un atentado a la autoridad pública y puede conllevar pena de cárcel. El Colegio hace un llamamiento a la concienciación social de la ciudadanía para que rechace este tipo de comportamientos violentos hacia un colectivo cuya labor es fundamental.